La noticia volvió a sacudir a Neuquén. No por un hecho nuevo, sino por una decisión judicial que reabre una herida que nunca terminó de cerrar.
El Tribunal de Impugnación resolvió reducir las penas a los dos adolescentes responsables del homicidio de Juan Caliani, el crimen ocurrido en abril de 2024 que generó conmoción social por su brutalidad. Donde antes había una condena que buscaba cerrar —al menos en parte— el dolor, ahora hay una reducción que despierta indignación.
La resolución, firmada por los jueces Richard Trinchieri y Federico Sommer y la jueza Florencia Martini, modificó las penas impuestas en diciembre: de 6 años bajó a 5 años y 8 meses para quien sostuvo a la víctima; y de 9 años a 8 años y 6 meses para quien la apuñaló.
La diferencia, en números, puede parecer menor. Pero en el plano simbólico y social, el impacto es enorme.
El Ministerio Público Fiscal había pedido sostener las condenas originales. También lo había hecho la querella, en representación de la familia de Caliani. Ambos consideraban que las penas eran proporcionales a la gravedad del hecho: un homicidio cometido durante un robo, con una violencia que no dejó margen para la duda.
Las condenas fueron impuestas en diciembre por el juez de la Niñez y Adolescencia Dardo Bordón, quien resolvió aplicar 6 años de prisión efectiva al adolescente que sostuvo a la víctima y 9 años de prisión efectiva al que la apuñaló. Las penas coincidieron con lo solicitado por el fiscal Germán Martín, quien distinguió los roles que tuvo cada uno en el hecho. En ese momento, el representante del Ministerio Público Fiscal consideró que se trataba de condenas “justas, proporcionales, merecidas, ajustadas a derecho, pacificadoras y reparadoras”, y sostuvo que “una condena de prisión efectiva es, en el fondo, una forma pacífica de resolver un conflicto violento e irreparable”.
En el caso del adolescente condenado a 9 años, dentro de esa pena también quedaron incluidos dos hechos previos: un hurto con escalamiento en grado de tentativa, cometido el 27 de enero de 2024, y un robo agravado por tratarse de un vehículo dejado en la vía pública en grado de tentativa, ocurrido el 23 de marzo de 2024, ambos en la ciudad de Neuquén.
Ahora, el Tribunal entendió otra cosa. Argumentó que hubo un error en la sentencia original al considerar la muerte como agravante al momento de fijar la pena, algo que —según explicaron— constituye una “doble valoración” prohibida en derecho penal.
En términos jurídicos, la explicación es clara. En términos humanos, no alcanza.
Porque detrás de esa discusión técnica hay una escena que Neuquén no olvidó: la noche del 1 de abril de 2024, cerca de la medianoche, cuando dos adolescentes ingresaron a una vivienda en Luis Beltrán y Cacique Purrán. Robaban herramientas, bebidas, ropa. Se movían en silencio. Hasta que el ruido despertó a Juan Caliani. El encuentro fue breve. Violento. Definitivo.
Uno de los jóvenes lo sujetó. El otro tomó un cuchillo y le dio dos puñaladas en el tórax. Caliani murió ahí, en su casa.
Ese hecho —crudo, directo, imposible de relativizar— fue el que llevó a un juicio extenso, con más de 50 testigos y días enteros de audiencias. Fue también lo que derivó en una condena que, en su momento, el fiscal Germán Martín definió como “justa, proporcional y reparadora”.
Hoy, esa idea vuelve a discutirse.
Los adolescentes fueron juzgados bajo el régimen de la Ley 2302, por haber tenido 16 y 17 años al momento del crimen. Admitieron su responsabilidad en 2025. Y cuando alcanzaron la mayoría de edad, se fijaron las penas.
Ahora, con la intervención del Tribunal de Impugnación, esas penas se achican. Y con ellas, para muchos, también se achica la sensación de justicia.
Porque el fallo puede ser técnicamente correcto, ajustado a derecho, incluso impecable en su argumentación. Pero en la calle, en la memoria colectiva, en el dolor de una familia, lo que queda es otra cosa: la percepción de que la respuesta no está a la altura del daño.
Neuquén ya había quedado marcada por ese crimen. Hoy, vuelve a quedar atravesada por una pregunta incómoda: cuánto vale una vida y cuánto está dispuesto a reconocer la justicia.
