Durante meses, el escándalo por el robo de armas del Poder Judicial se centralizó Roca. Sin embargo, un informe oficial enviado por la Fiscalía General a la Legislatura aporta un dato tan revelador como incómodo: los faltantes también fueron detectados en Villa Regina. Lejos de tratarse de un episodio aislado, la documentación muestra que las irregularidades atravesaron distintos organismos y quedaron al descubierto por una cadena de controles deficientes, como que no hay controles en el ingreso al edificio judicial más grande y concurrido de la provincia.
El documento señala que el primer faltante concreto ocurrió el 5 de junio de 2025 en la Oficina Judicial de Villa Regina. Allí, cuando un damnificado concurrió junto a su abogada para fotografiar armas secuestradas en una causa penal, descubrió que una de ellas ya no estaba y que otra había sido reemplazada por un arma que no le pertenecía. La situación derivó luego en una ampliación de denuncia que terminó revelando el faltante de al menos ocho armas vinculadas a distintos delitos.
La revelación golpea uno de los argumentos que se instalaron durante el desarrollo del escándalo: que el problema estaba concentrado exclusivamente en Roca. Por el contrario, el propio informe demuestra que las primeras alertas surgieron en Regina y que los faltantes alcanzaron a dependencias de la Segunda Circunscripción Judicial mucho antes de que el caso tomara estado público.
Pero quizás lo más alarmante surge cuando la Fiscalía describe las condiciones de seguridad existentes en los lugares donde se custodiaban las armas. El informe reconoce que durante la investigación se consultó si existían copias de las llaves de los depósitos y si había sistemas de videovigilancia. La respuesta fue demoledora: no había otras llaves registradas, el sector de secuestros no contaba con cámaras y las cámaras ubicadas en los accesos al edificio judicial de Roca directamente no funcionan.
La admisión resulta particularmente grave porque se trata del edificio judicial más importante y con mayor movimiento de toda la provincia. Todos los días ingresan fiscales, jueces, empleados, abogados, policías, peritos, imputados, testigos y ciudadanos que realizan distintos trámites. Sin embargo, según reconoce el propio informe oficial, las cámaras destinadas a controlar esos accesos estaban fuera de servicio.
Como si eso fuera poco, la documentación también confirma que una de las armas desaparecidas reapareció en un hecho ocurrido el 8 de marzo de este año. El dato cambia la dimensión del caso: ya no se trata solamente de secuestros judiciales extraviados o mal administrados, sino de armas que habrían salido de la órbita de custodia del Poder Judicial para volver a circular en la calle.
El informe también revela que se realizaron allanamientos a agentes judiciales que tenían acceso a los depósitos, se secuestraron teléfonos celulares, computadoras y dispositivos electrónicos, e incluso se investigó la posible vinculación de personal de mantenimiento del Poder Judicial.
Sin embargo, pese a la magnitud del escándalo, todavía no hay responsables identificados ni explicaciones concluyentes sobre cómo desaparecieron las armas, quién las sacó de los depósitos y cuántas continúan fuera de control.
Lejos de cerrar interrogantes, el documento enviado a la Legislatura deja expuesta una realidad inquietante: las armas desaparecieron en distintos puntos de la Segunda Circunscripción Judicial, los sistemas de control eran prácticamente inexistentes y una de ellas ya volvió a aparecer en un hecho policial.
Más de 100 armas desaparecidas
Aunque el informe.oficial.presentado en la Legislatura no cuantifica el faltante, desde hace meses se sabe que son más de 100. En principio se hablaba de 119 y el propio presidente del STJ, Ricardo Apcarián confirmó hace unos días en una declaración televisiva que eran 102.
En esa misma entrevista dijo que solo había faltantes en Roca, lo que contradice al informe oficial que llegó a los legisladores.
Por el caso hay seis legajos administrativos en marcha contra empleados que tenían algún tipo de responsabilidad en el resguardo de la armas. Sin embargo el informe oficial reconoce que no se tomó ninguna determinación contra jueces o funcionarios jerárquicos de cumplir con esa misión.
En la investigación del caso se conformo una comisión especial encabezada por el fiscal Jefe de Cipolletti, Santiago Márquez Gauna y se desistió de contar con personal de fiscalía de Roca.
Listado de armas
En el detalle que la Fiscalía 1 envió a la Policía de Río Negro aparecen 27 armas calibre 22 (corto/largo) , Es, por lejos, el calibre más numeroso (bajo poder de fuego, pero muy difundido); Calibre 32 (corto / largo), 17 armas, uso típico en revólveres antiguos o de baja potencia; Calibre 38 (incluye 38 Special), 15 armas, uno de los calibres más relevantes en términos de poder de fuego medio; Calibre 9 mm, 5 armas, alto poder de fuego y de uso de las fuerzas policiales y militar; Calibre 45 (incluye .45 ACP), 4 armas, muy alto poder de fuego; Calibre 357 (Magnum), 3 armas, altísimo poder de fuego dentro de armas cortas
Y entre las escopetas: Calibre 16, 4 armas; Calibre 12, 1 arma; Calibre 7.65, 1 arma. Además hay una del atípico calibre 39; y 10 armas sin especificar.
También hay un número importante de tumberas y armas sin numeración, que no pueden ser descriptas en el listado.
