La Justicia de Río Negro formuló cargos contra un productor rural acusado de robar siete vacas preñadas en Lamarque, amenazar con un cuchillo a efectivos de la Brigada Rural y resistirse a un procedimiento policial. A pesar de la gravedad de la acusación y del pedido de prisión preventiva realizado por la fiscalía, la jueza de Garantías dispuso que continúe en libertad mientras avanza la investigación.
La causa, que comenzó con un operativo rural durante el fin de semana, sumó ahora detalles que complican seriamente la situación procesal del imputado, identificado como Favio Zúñiga. Según la acusación fiscal, entre la tarde del sábado 31 de mayo y la mañana del domingo 1 de junio desaparecieron siete vacas Hereford coloradas de una chacra de Lamarque. Todas estaban preñadas y próximas a parir, una condición que multiplica el perjuicio económico para el productor damnificado.
De acuerdo con la reconstrucción presentada por el Ministerio Público Fiscal, los animales fueron sacados del establecimiento aprovechando la oscuridad de la noche. Luego habrían sido arreados hasta una chacra ubicada a unos seis kilómetros del lugar donde se encontraban originalmente.
Pero eso no fue todo. Para los investigadores, parte de la maniobra continuó con la utilización de una camioneta Chevrolet y un carro para trasladar al menos cuatro de los animales. Fue justamente durante ese movimiento cuando intervino la Brigada Rural, que ya se encontraba trabajando en el caso tras la denuncia radicada por el propietario de la hacienda.
La secuencia posterior es uno de los puntos más delicados de la acusación. Según expuso la fiscalía durante la audiencia, el Zúñiga ignoró las órdenes impartidas por los uniformados y continuó hasta ingresar a su propiedad. Allí liberó a los animales pese a que los efectivos intentaban evitar que se perdieran elementos clave para esclarecer el hecho.
Además, la situación escaló rápidamente. Los fiscales sostuvieron que el hombre amenazó a los policías que participaban del procedimiento, les exhibió un cuchillo y les manifestó que los iba a matar. Ese episodio derivó en que la causa ya no se limite únicamente al presunto robo de ganado, sino que también incorpore los delitos de amenazas y resistencia a la autoridad.
Mientras tanto, la investigación fue reuniendo evidencia que permitió avanzar con la imputación formal. Entre las pruebas mencionadas aparecen la denuncia del damnificado, testimonios de vecinos, rastros hallados en el terreno, huellas de animales, marcas de vehículos y motos, relevamientos fotográficos realizados por el Gabinete de Criminalística y un allanamiento que terminó con resultados positivos.
Durante ese procedimiento, los investigadores secuestraron teléfonos celulares, muestras biológicas y otros elementos que serán sometidos a peritajes. Además, varios de los vacunos recuperados fueron reconocidos por el denunciante como parte de los animales que habían sido sustraídos.
Con ese cuadro probatorio, la fiscalía pidió que se formularan cargos por abigeato doblemente agravado. La figura contempla una pena más severa debido a que se trata de más de cinco cabezas de ganado mayor, se habría utilizado un medio motorizado para el transporte y el acusado está vinculado a la actividad ganadera. A esos delitos se sumaron resistencia a la autoridad y amenazas, todos en concurso real.
Sin embargo, el punto de mayor tensión de la audiencia llegó cuando se debatió la situación procesal del imputado. Los fiscales solicitaron dos meses de prisión preventiva al sostener que la investigación está lejos de haber terminado. Argumentaron que todavía no apareció la totalidad de los animales denunciados y que existe la posibilidad de que el acusado entorpezca las medidas pendientes o tome contacto con otra persona que estaría involucrada en el caso y que aún es buscada.
Pese a esos planteos, la jueza de Garantías no hizo lugar al pedido de encarcelamiento preventivo. Si bien avaló íntegramente la formulación de cargos presentada por la fiscalía, resolvió que el acusado permanezca en libertad y cumpla únicamente con presentaciones periódicas en una dependencia policial.