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Martes 21 de Abril, Neuquén, Argentina
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De “Squishy” al juicio oral: maestro de plástica de San Antonio está acusado de abusar a 11 nenas

Un maestro de plástica de San Antonio Oeste será juzgado por once hechos de abuso sexual contra alumnas de primaria. Utilizaba un perverso “juego” llamado Squishy para justificar tocamientos. 

Martes, 21 de abril de 2026 a las 18:13
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Un maestro de plástica de una Escuela Primaria 146 de San Antonio Oeste será juzgado en debate oral y público, acusado de haber abusado sexualmente de once alumnas entre 2023 y 2024. La Fiscalía sostiene que el hombre utilizaba un supuesto “juego” llamado Squishy para sentar a las niñas sobre su falda y realizar tocamientos, lo que derivó en una causa que ahora llega a la instancia más dura: el juicio oral con tribunal colegiado, por la escala penal que prevé entre 3 y 12 años de prisión. El día que se conoció el caso, una pueblada tomó por la fuerza su departamento y lo prendió fuego.

En primer lugar, la audiencia de control de acusación concluyó con la decisión de avanzar hacia el debate oral. Allí se definió la prueba que las partes presentarán y se prorrogó la prisión preventiva del imputado por dos meses más. Ayer se habían leído los once hechos imputados, mientras que hoy el magistrado resolvió no excluir ciertos testimonios, aunque sí limitar su alcance para garantizar el derecho de defensa.

Por otra parte, el juez dispuso que los adultos que declaren lo hagan únicamente sobre cómo tomaron conocimiento de los hechos y qué medidas adoptaron, evitando reproducir relatos indirectos de las niñas. En la misma línea, se restringieron las preguntas abiertas y se ordenó que los testimonios de directivos y profesionales se circunscriban a las acciones institucionales y a los aspectos técnicos de las pericias.

Además, se condicionó la producción de determinada evidencia a que sea puesta previamente a disposición de la defensa, reforzando la transparencia del proceso. En cuanto a la prueba testimonial, se admitió la declaración de alrededor de veinte testigos, entre ellos docentes, profesionales intervinientes y personal técnico, lo que anticipa un debate extenso y cargado de tensión.

Finalmente, el juicio oral estará a cargo de un tribunal integrado por tres jueces profesionales, quienes deberán analizar no solo la gravedad de los hechos denunciados, sino también el contexto en el que se produjeron. La comunidad educativa de San Antonio Oeste espera respuestas y justicia, mientras el caso que comenzó con un “juego” perverso llamado Squishy se convierte en uno de los procesos más resonantes de la región.

El caso

La primera denuncia se conoció en junio de 2023, cuando una de las víctimas, una niña de apenas seis años describió el juego que les proponía el docente para que se sienten en su falda y tocarlas. La alumna de primer grado le contó a sus padres que el maestro separaba a las nenas de los nenes. Y a ellas las sentaba en sus piernas y les prestaba un squishy para que jueguen.

Está era el terrible ardid que utilizaba el hombre de 46 años para someter a las nenas de seis años que tenía como alumnas en la Escuela Primaria 146. La maniobra fue relatada el 7 de junio por una madre, que fue la primera en denunciar. Mientras avanzaba la causa en la Justicia, el docente se ausentó del establecimiento, pero ninguno de los padres supo el por qué.

dos meses después, y tras la declaración de una de las víctimas en Cámara Gesell, es que la Justicia convocó a los padres de las otras nenas que la primera denunciante nombró en su relato.

Al tomar estado público, los padres pidieron explicaciones al equipo directivo convocó a una reunión, en la que estuvo acompañado por las autoridades de Educación. Sin embargo las respuestas no los confirmaron. Ese mismo mediodía, se juntaron y fueron hacia la casa donde vivía el docente con su familia. Afortunadamente no había nadie, porque la masa enfurecida terminó por quemar la vivienda. 

Del mismo modo, ese 19 de agosto, fueron hasta la comisaría donde creían que estaba detenido, sin embargo las autoridades policiales ya lo habían trasladado a Viedma para proteger su integridad física. A partir de ese momento el proceso tomó estado público y casi dos años después, la Justicia decidió elevar la causa a juicio.

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