Una alerta internacional puso la lupa sobre un hombre de Cinco Saltos y terminó llevándolo a una condena de prisión efectiva. En su teléfono celular, los peritos encontraron 99 archivos con material de abuso sexual infantil: 79 videos y 20 fotografías. El acusado admitió su participación en los hechos y el juez Guillermo Baquero Lazcano le impuso una pena de cinco meses y diez días de cárcel, que quedó firme sin esperar nuevos plazos procesales.
La investigación había comenzado mucho antes de la sentencia, cuando Google detectó que desde una cuenta vinculada al sospechoso se había subido a la nube un video con contenido ilícito. El reporte llegó al Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC), organismo internacional que canaliza este tipo de alertas. A partir de esa información, la Fiscalía pudo rastrear la conexión y la línea telefónica asociadas al hombre.
Con esos datos sobre la mesa, la Justicia autorizó un allanamiento en la vivienda del sospechoso. La Brigada de Investigaciones llevó adelante el procedimiento y secuestró el teléfono celular que después sería sometido a un análisis forense. Lo que encontraron los especialistas terminó de darle sustento a la acusación: decenas de videos y fotografías con material de abuso sexual que involucraba a menores de edad.
El análisis estuvo a cargo del área forense de la Oficina de Investigación de Telecomunicaciones (OITEL), dependiente del Ministerio Público. Los peritos determinaron que los archivos habían permanecido almacenados en el dispositivo durante varios meses. Según se expuso en la causa, las víctimas no habían podido ser identificadas hasta ese momento, un dato que añade otra dimensión a una investigación que comenzó con una denuncia tecnológica y avanzó hasta el teléfono del acusado.
La fiscal Judith Saccomandi sostuvo la acusación por tenencia de material de abuso sexual infantil, prevista en el artículo 128 del Código Penal. Durante el proceso se presentaron los reportes internacionales, los informes periciales y el acta del allanamiento. Además, la fiscal señaló que el hombre tenía antecedentes penales computables, una circunstancia que tuvo relevancia al momento de solicitar una pena de cumplimiento efectivo.
En la audiencia, el acusado reconoció su participación y su defensor oficial, Sebastián Nolivo, no objetó los hechos ni la calificación legal propuesta. La defensora de menores, Alicia Merino, también manifestó su conformidad con el proceso. Tras escuchar a las partes, el juez Baquero Lazcano impuso los cinco meses y diez días de prisión efectiva solicitados por la Fiscalía y declaró la reincidencia del condenado.
La resolución quedó firme de inmediato porque se renunció a los plazos procesales. También se resolvieron las costas del proceso y se ordenó la destrucción del material secuestrado. El caso dejó una secuencia contundente: una plataforma detectó un archivo, un organismo internacional emitió la alerta, la Policía allanó una vivienda de Cinco Saltos y las pericias encontraron 99 archivos ilícitos.
