En una escena que parece salida de una novela policial, pero ocurrió a plena luz del día en Neuquén, la Justicia dio por acreditado que Jonathan Jesús Romero escondía un pequeño arsenal bajo el suelo de su propia casa. El caso avanzó este jueves cuando, en una audiencia realizada en la Ciudad Judicial, la jueza de garantías Natalia Pelosso homologó un acuerdo parcial entre la fiscalía y la defensa y declaró al imputado penalmente responsable por la tenencia ilegal de armas de fuego.
El acuerdo fue impulsado por la fiscal Silvia Moreira, junto al asistente letrado Pablo Jávega, y contó con la conformidad de la defensa. En ese marco, Romero admitió su responsabilidad y renunció a atravesar un juicio oral, una decisión que aceleró el desenlace de esta etapa del proceso.
La magistrada tuvo por acreditados los delitos de tenencia de arma de fuego de uso civil, en concurso real con tenencia de arma de uso civil condicional —en seis hechos— y en concurso ideal con encubrimiento por receptación dolosa, todo en carácter de autor. La resolución dejó firme la responsabilidad penal y trasladó el foco a la próxima instancia: la determinación de la pena, que será fijada en una audiencia a convocarse en los próximos días por la Oficina Judicial.
Pero el dato que convirtió al expediente en un caso tan inusual como inquietante surgió del procedimiento que dio origen a la causa. El 9 de octubre de 2025, cerca de las 8:20, durante un allanamiento en una vivienda del barrio Cuenca XV, personal policial descubrió que las armas no estaban a la vista ni guardadas en un placard: estaban enterradas en el patio.
El hallazgo incluyó siete armas de fuego aptas para el disparo, cuatro de ellas con la numeración suprimida, además de municiones de distintos calibres y otros elementos vinculados. La forma en que estaban ocultas —bajo tierra— fue interpretada como un indicio claro de que Romero conocía su existencia y buscaba mantenerlas fuera del radar. A esto se sumó otro dato clave: no contaba con autorización legal para poseerlas.
El 9 de octubre de 2025, cerca de las 8:20, durante un allanamiento en una vivienda del barrio Cuenca XV, personal policial descubrió que las armas no estaban a la vista ni guardadas en un placard: estaban enterradas en el patio.
La investigación había comenzado semanas antes, a partir de un hecho de amenazas registrado en septiembre de 2025 en otro punto de la ciudad. Ese episodio permitió a los investigadores reconstruir pistas, identificar el domicilio y finalmente concretar el allanamiento que destapó el arsenal oculto.
Durante la audiencia, la fiscalía detalló el entramado probatorio que sostuvo la acusación: testimonios de efectivos policiales, pericias balísticas que confirmaron la aptitud de disparo de las armas, informes del organismo de control que acreditaron que el imputado no era legítimo usuario, y análisis de comunicaciones telefónicas que reforzaron su vinculación directa con el material secuestrado.
Con la responsabilidad ya admitida y validada por la Justicia, el expediente entra ahora en su tramo final. La incógnita que queda por resolver es qué pena deberá cumplir Romero por haber convertido el patio de su casa en un depósito clandestino de armas.
