Un estremecedor caso de grooming sacude a San Antonio Oeste: un joven de 29 años fue imputado por contactar a una adolescente de 17 años a través de redes sociales y ofrecerle dinero a cambio de fotos de índole sexual. La denuncia, realizada por la madre de la víctima, derivó en allanamientos y en la confiscación de computadoras y celulares que contenían material incriminatorio. La justicia ya dio inicio a la etapa penal preparatoria.
Ahora bien, lo que parecía un simple intercambio virtual se transformó en un escándalo judicial. El acusado habría utilizado Instagram y Facebook para acercarse a la menor, desplegando un modus operandi que cada vez se repite con mayor frecuencia en el país. Los investigadores encontraron en los dispositivos videos, imágenes y mensajes comprometedores, que refuerzan la gravedad de la acusación.
Además, la fiscalía dispuso nuevas diligencias: entre ellas, la toma de testimonios y la entrevista a la damnificada, que si bien está próxima a la mayoría de edad, sigue siendo protegida por la ley frente a este tipo de delitos.
La causa se encuadra en el delito de grooming, contemplado en el artículo 131 del Código Penal y en la Ley 26.904, con penas que van de seis meses a cuatro años de prisión. El juez de Garantías avaló la solicitud del fiscal y dio luz verde al proceso.
Pero lo más inquietante es el trasfondo social: este caso expone cómo las redes sociales se han convertido en terreno fértil para la manipulación y el abuso. La facilidad con la que los adultos pueden contactar a menores, sumada a la vulnerabilidad propia de la adolescencia, genera un cóctel explosivo que exige respuestas urgentes. No se trata solo de un hecho aislado, sino de una problemática que crece y que interpela a familias, escuelas y autoridades.
