La situación judicial de Konstantin Rudnev, señalado como el líder de una presunta organización transnacional investigada por trata de personas en Bariloche, volvió a complicarse. La Cámara Federal de Casación Penal dejó sin efecto el arresto domiciliario que cumplía en una quinta de San Vicente y ordenó que vuelva a permanecer detenido en un establecimiento penitenciario.
La decisión representa un duro revés para el principal acusado de una causa que sacudió a Bariloche y que tiene ramificaciones internacionales. Rudnev había obtenido el beneficio a fines de abril luego de que jueces de General Roca consideraran que presentaba problemas de salud. En ese momento también le impusieron una caución de 30 millones de pesos, monitoreo electrónico, prohibición de salir del país y restricciones de contacto con víctimas y testigos.
Sin embargo, los fiscales que investigan el caso nunca estuvieron de acuerdo con esa medida. Por eso insistieron hasta llevar la discusión a la Cámara Federal de Casación Penal. Allí sostuvieron que no hubo cambios reales en la situación del imputado que justificaran abandonar el régimen carcelario y remarcaron que continúan vigentes los riesgos de fuga y de entorpecimiento de la investigación.
Los camaristas coincidieron con esos argumentos. En su resolución señalaron que la causa no se limita a una presunta red de trata de personas, sino que también incluye acusaciones por delitos migratorios, falsedad ideológica, transporte agravado de estupefacientes y hechos vinculados a la alteración del estado civil de un menor. Para los jueces, se trata de una investigación compleja que describe una estructura organizada y de alcance transnacional.
Además, pusieron bajo la lupa el lugar donde cumplía la domiciliaria. Uno de los magistrados advirtió que la propiedad rural elegida tiene limitaciones de conectividad, una situación que podía afectar la eficacia del monitoreo electrónico. También destacó que el acusado se ausentó de distintas audiencias del proceso y que en varias oportunidades se negó a ser evaluado por profesionales médicos, pese a invocar problemas de salud para obtener el beneficio.
Otro de los puntos que pesó en la decisión fue la falta de arraigo en Argentina. Los jueces remarcaron que el imputado posee antecedentes de desplazamientos internacionales, cuenta con recursos económicos importantes y, según la hipótesis de la acusación, mantiene vínculos con una organización de alcance internacional. Todo eso, sostuvieron, mantiene vigente el peligro de fuga.
Ahora, las actuaciones regresarán al juez de garantías para definir en qué dependencia del Servicio Penitenciario Federal será alojado. Antes deberá verificarse su estado de salud, ya que recientemente fue sometido a una intervención quirúrgica por una hernia inguinal. Mientras tanto, la investigación por la presunta organización que operaba desde Bariloche sigue avanzando y el principal acusado volverá a estar tras las rejas.
