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Usó la tarjeta de combustible municipal para viajar a Buenos Aires mientras estaba de licencia

El exjefe de Tránsito de San Antonio Oeste quedó formalmente imputado por la Fiscalía, que sostiene que utilizó una tarjeta YPF en Ruta asignada a sus funciones para pagar combustible durante un viaje particular.

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Jueves, 24 de septiembre de 2026 a las 19:23
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La Fiscalía investiga consumos de combustible realizados entre el 20 y el 28 de diciembre de 2025.

Un hombre que se desempeñaba como jefe de Tránsito de la Municipalidad de San Antonio Oeste quedó formalmente imputado luego de que la Fiscalía lo acusara de utilizar una tarjeta YPF en Ruta asignada a sus funciones para cargar combustible durante un viaje particular, mientras se encontraba de licencia.

Consumos sin autorización y no vinculados a la función

El fiscal Gustavo Arbues sostuvo que los consumos se realizaron entre el 20 y el 28 de diciembre de 2025 y que el hombre no tenía autorización municipal para utilizar la tarjeta en ese viaje. La Fiscalía encuadró el hecho como una presunta malversación de caudales públicos y presentó como pruebas denuncias, registros de cargas, tickets de combustible y la solicitud de licencia.

Según la acusación, el imputado había pedido una comisión para viajar a Buenos Aires, pero el pedido habría sido rechazado y además habría sido advertido de que no podía utilizar la tarjeta. La planilla incorporada al expediente registra gastos por $359.707,01 entre el 20 y el 29 de diciembre de 2025.

La Defensa Pública, representada por Carlos Dvorzak y Adrián Zimmermann, rechazó la acusación. El imputado explicó que viajó a Buenos Aires para trasladar dos aparatos de su área que necesitaban ser calibrados y reconoció haber utilizado su vehículo y una aplicación para realizar las cargas de combustible.

Qué sostuvo la defensa y qué puede pasar

Los defensores cuestionaron que no exista un documento que acredite el supuesto rechazo de la comisión y señalaron que el uso del vehículo era habitual dentro de las tareas del imputado. También remarcaron que el dinero correspondiente a los consumos fue posteriormente descontado de sus recibos de sueldo y sostuvieron que, por ese motivo, no existió perjuicio económico para el Estado.

Finalmente, el juez de Garantías tuvo por formulados los cargos y habilitó una investigación penal de cuatro meses. Durante ese período, la Fiscalía y la Defensa podrán reunir nuevas pruebas y desarrollar sus respectivas teorías sobre lo ocurrido.

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