Un empleado del Servicio Penitenciario de Río Negro fue declarado culpable por cohecho pasivo tras comprobarse que había montado una maniobra para cobrar dinero a cambio de ingresar droga y alcohol a un pabellón de la cárcel de Roca. El esquema clandestino que quedó al descubierto por chats, transferencias y el secuestro de un celular dentro de la cárcel.
Se trata de Néstor Fabián Pérez, quien trabajaba en el área de mantenimiento del Establecimiento de Ejecución Penal 2 y que, según la jueza Laura Pérez, participó de un acuerdo ilegal con un interno en el que se pactaban pagos concretos para hacer pasar elementos prohibidos. La magistrada fue contundente: la responsabilidad del penitenciario quedó acreditada “sin margen para la duda”, en un fallo que deja al descubierto una trama de corrupción puertas adentro del sistema carcelario.
Pero lo más inquietante aparece cuando se analizan los detalles de la maniobra. Todo comenzó con una requisa el 12 de agosto de 2022, luego de que se detectaran movimientos sospechosos desde un pabellón, donde incluso se tomaban fotos hacia sectores sensibles como la muralla. Ese dato encendió alarmas por un posible intento de fuga, aunque lo que terminó emergiendo fue otra cosa: un circuito aceitado para el ingreso de sustancias prohibidas.
En ese contexto, los agentes secuestraron un celular que resultó ser la pieza clave. El dispositivo estaba desbloqueado y contenía conversaciones explícitas con un contacto agendado como “El Gil”, que luego fue vinculado directamente con Pérez. Allí no había lugar para interpretaciones: los mensajes hablaban sin rodeos de “mari, pastillas y alcohol etílico” y de cifras concretas para concretar la operación.
Además, los chats revelaban la lógica del negocio. En uno de los intercambios, el interno ofrecía “10 lucas” y dejaba claro que “cuatro” eran para el penitenciario “por el favor”. Es decir, no se trataba de un hecho aislado, sino de una negociación directa, con reparto de dinero incluido, que mostraba un esquema tan burdo como efectivo.
Por si quedaban dudas, la investigación siguió la ruta del dinero. Y ahí apareció otra prueba clave: el 7 de agosto se registraron dos transferencias, una de 4500 y otra de 5500 pesos, a una cuenta vinculada a la pareja del acusado. Ese dato no fue menor. El propio contacto había enviado ese número de cuenta identificándolo como “mi señora”, lo que cerró el circuito financiero de la maniobra.
En paralelo, los informes de telefonía terminaron de ajustar las piezas. El número desde el cual se mantenían las conversaciones estaba a nombre de la misma mujer, lo que reforzó la conexión directa con Pérez. Así, chats, dinero y titularidades armaron un rompecabezas que terminó siendo demoledor.
Otro punto que pesó fuerte fue el rol que cumplía el imputado dentro del penal. No era un agente cualquiera: tenía acceso a distintos sectores y la posibilidad concreta de ingresar elementos. De hecho, según se ventiló en el juicio, él mismo reconocía tener esa facultad. Esa posición privilegiada fue clave para sostener la maniobra y, al mismo tiempo, agrava el cuadro, porque se trataba de alguien que debía garantizar el control, no vulnerarlo.
Aunque no se pudo probar que la droga y el alcohol hayan llegado efectivamente a manos de los internos, la jueza fue clara en un punto central: el delito de cohecho se consuma con la sola aceptación de la promesa de dinero. Es decir, el acuerdo ya era delito en sí mismo, independientemente de si la entrega se concretó o no.
Por otro lado, la defensa intentó frenar la acusación cuestionando el origen de la prueba, especialmente el acceso inicial al celular. Sin embargo, ese planteo fue rechazado. La magistrada consideró que la objeción llegó tarde y que el procedimiento estuvo justificado por razones de seguridad. Además, el análisis del dispositivo se realizó luego mediante pericia forense ordenada por la Justicia.
Finalmente, también quedó fuera la acusación por incumplimiento de deberes de funcionario público, no por falta de gravedad, sino por cuestiones técnicas: no tuvo el desarrollo necesario durante el juicio. Aun así, el núcleo del caso ya estaba sellado.
Ahora, con la culpabilidad ya declarada, se abre una nueva etapa: la discusión de la pena. Las partes tendrán cinco días para presentar pruebas antes de la audiencia de cesura, donde se definirá qué castigo deberá afrontar el penitenciario que, lejos de custodiar el orden, quedó expuesto como parte de un negocio ilegal dentro de la cárcel.
