La tranquilidad laboral de una empresa de metales del barrio Parque Industrial de Neuquén se vio interrumpida el 3 de diciembre de 2024, cuando Romina Edith Carrillo y otros tres individuos ingresaron al lugar y cometieron un violento robo que involucró amenazas con armas. Este martes, en la Ciudad Judicial, la imputada fue condenada a cinco años de prisión de cumplimiento efectivo.
En una audiencia de determinación de la pena realizada, la fiscal del caso Soledad Rangone presentó un acuerdo de partes mediante el cual Carrillo fue condenada.
La imputada había sido declarada penalmente responsable el 30 de marzo de este año por un hecho ocurrido el 3 de diciembre de 2024, cerca de las 10:50, en una empresa de metales ubicada en el barrio Parque Industrial de la ciudad de Neuquén.
Aprovecharon que el portón estaba abierto
De acuerdo con la acusación, Carrillo ingresó al lugar junto a otras tres personas no identificadas. En ese contexto, mientras algunos de los empleados trabajaban con el portón abierto, los autores accedieron al sector y, mediante amenazas con un arma de fuego y un cuchillo, redujeron a las víctimas.
Durante el hecho, los trabajadores fueron obligados a tirarse al piso y mientras los acusados sustrajeron distintos elementos, entre ellos teléfonos celulares, una notebook, una tablet, documentación personal, ropa, llaves y una suma aproximada de 3 millones de pesos en efectivo.
Tenía un arma de fuego
El delito por el cual se condenó a Carrillo es robo triplemente agravado por ser cometido en poblado y en banda, por el uso de arma y por el empleo de un arma de fuego cuya aptitud para el disparo no pudo ser acreditada, en carácter de coautora.
La pena que acordaron las partes fue de 5 años de prisión efectiva. Para ello, se valoró que la imputada no registra antecedentes penales y sus condiciones personales, entre ellas que es madre y principal sostén económico del grupo familiar.
Un acuerdo por unanimidad
El tribunal colegiado que intervino, integrado por la jueza Carina Álvarez y los jueces Mauricio Macagno y Raúl Aufranc, homologó el acuerdo por unanimidad y consideró que la pena resulta proporcional a la gravedad del hecho y al grado de responsabilidad de la imputada.
Como parte del acuerdo, se dispuso el decomiso de un vehículo utilizado para cometer el delito y se autorizó al Ministerio Público Fiscal a disponer la destrucción de otros elementos secuestrados.
