Vaca Muerta, motor de la macroeconomía nacional con fuerte impulso provincial, reflotó hoy un tema sensible y siempre polémico: el impacto que causa la explotación a gran escala de combustibles fósiles no convencionales mediante el fracking.
La preocupación se planteó desde el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU. Se considera que la explotación total de todas las reservas consumiría un porcentaje significativo del presupuesto mundial de carbono para alcanzar el objetivo de un calentamiento de 1,5 grados Celsius, estipulado en el Acuerdo de Paris.
Al respecto, en Noticiero Central se consultó a Federico Horne, profesor e investigador de la Universidad Nacional del Comahue y director de ITAMA, Instituto de Tierra, Agua y Medio Ambiente. “En realidad, todo hecho donde se use energía fósil está generando de alguna manera anhídrido carbónico y por ende, contribuyendo al calentamiento global. Pero Argentina tiene firmado un acuerdo, a través del cual se compromete a cierto monto de producción y está muy por debajo de ese nivel”, explicó el catedrático.
En cambio, puso el acento en la preocupación existente en torno a la connotación ambiental que implica la explotación de Vaca Muerta. “Hay una tremenda intensidad sobre Vaca Muerta y sobre una gran extensión, porque toda la zona de Loma Campana será altamente perturbada por toda la actividad, tanto dentro como en la superficie. Creo que se está apostando altamente a esta formación a nivel país y nosotros como habitantes de la región más bien tenemos que pensar en defendernos de Vaca Muerta, más que de los beneficios que va a traer”, opinó.
En ese sentido, hizo hincapié en la necesidad de controles más rigurosos sobre la actividad. Dio como ejemplo, el estado de California en Estados Unidos, donde el control en la materia lo ejercen varios comités. “El control es muy fuerte, todo el tiempo están inspeccionando las actividades y de alguna manera garantizan el control; nosotros dependemos exclusivamente del control del Estado, sobre todo del Estado provincial con un organismo de Medioambiente, que a lo mejor, no tiene los recursos para hacer un control exhaustivo”, expresó Horne. Sin titubeos, planteó: “Nos preocupa el tema, el control del Estado sobre esta actividad tiene que ser muy fuerte, con expertos y bueno… le ponemos signos de pregunta”. Finalmente, consideró que la falencia no se trata de una cuestión presupuestaria, “sino más bien organizacional y por supuesto, a las empresas no les gusta que las controlen, entonces también hay una cuestión política”.