Una empresa de construcción en seco neuquina fue condenada a pagar más de 26 millones de pesos, más intereses, por un contrato que nunca cumplió: debía construir una vivienda y jamás puso un solo tornillo. El cliente cipoleño entregó su camioneta como parte de pago, pero no recibió ni una pared. La Justicia no sólo ordenó devolverle el valor del vehículo, sino también indemnizarlo por los daños que sufrió mientras esperaba su casa soñada.
La firma en cuestión es Grupo Steel Patagónico (GSP), que había firmado un contrato en marzo de 2023 para levantar una vivienda de 36 metros cuadrados con el sistema Steel Framing, muy utilizado por su rapidez de montaje. El compromiso era que la obra estaría lista para julio de ese mismo año.
Como anticipo, el cliente entregó una camioneta, su único vehículo, y se comprometió a pagar el resto al recibir la vivienda. Pero ni bien firmaron el contrato, la empresa desapareció del mapa.
La casa fantasma
Pasaron los meses, y lo que debía ser una solución habitacional se convirtió en una pesadilla. El cipoleño insistió con llamados, mensajes y hasta una carta documento en septiembre para que le cumplieran. Pero del otro lado, silencio absoluto.
Nadie respondió. Nadie dio la cara. Un oficial de justicia fue hasta el terreno y lo constató: el lote seguía completamente vacío.
Frustrado y sin respuestas, el damnificado decidió ir a la Justicia. Y no fue en vano. La empresa fue declarada en rebeldía por no presentarse en el juicio, y la jueza civil que intervino en el caso no tuvo dudas: hubo un incumplimiento grosero del contrato y un desprecio total por los derechos del consumidor.
El fallo incluye millones por daño moral, alquileres y desinterés empresarial, además del valor de la camioneta entregada.
Para la Justicia el vehículo tiene un valor de 21 millones; 1,1 millones por los alquileres que el hombre tuvo que afrontar durante el tiempo en que esperaba la casa; 1,15 millones por daño moral, por el sufrimiento y la angustia de haber entregado su vehículo sin obtener nada a cambio; y 3 millones por daño punitivo, una figura que se aplica cuando las empresas actúan con desprecio por los consumidores.
En total, la suma supera los 26.250.000, más intereses que corren desde marzo de 2023. Un número que, con la inflación acumulada, podría dispararse aún más.