Cinco agentes de la administración pública, que se encuentran involucrados en la causa judicial por la que se investiga una estafa con planes sociales, reclamaron cobrar sus sueldos; los cuales fueron retenidos por el gobierno neuquino. En este contexto, Rolando Figueroa rechazó las presentaciones.
Se trata de la causa en la que están procesados, entre otros, el ex ministro de Desarrollo Social, Abel Di Luca y el ex director de Planes Sociales, Ricardo Soiza, quien purgó prisión preventiva y al que -hace algunas semanas- le otorgaron el beneficio de la detención domiciliaria.
El fraude fue perpetrado durante la gestión del ex gobernador Omar Gutiérrez. Más acá en el tiempo, el gobierno de Figueroa dispuso la instrucción de sumarios administrativos, que incluyeron la separación preventiva del cargo y la retención de haberes. Lo que estos cinco agentes quieren ahora es que les vuelvan a pagar los sueldos, pese a que son investigados por la Justicia Penal.
Uno de los que reclamó sin éxito (el 29 de septiembre último) es Tomás Siegenthaler, quien cuestionó la decisión del ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, que lo dejó sin sueldo. Argumentó que “la retención de haberes como medida provisional, violenta la protección del salario, el que reviste carácter alimentario”.
El sumario (tanto a él como al resto de los agentes del Estado involucrados en la causa) se lo habían iniciado el 16 de noviembre de 2023, luego de que la Justicia lo acusara de integrar una presunta “asociación ilícita destinada a quedarse con fondos públicos que, en su destino original, debían atender situaciones de vulnerabilidad (de familias neuquinas) producto de la desocupación”. Los investigadores dieron por acreditado que los delitos los cometieron durante el periodo comprendido entre 2020 y 2022 inclusive.
También fue rechazado el pedido de un tal Aaron Escobar, quien el 7 de agosto de 2024 interpuso reclamo administrativo y lo argumentó en que “la retención de haberes como medida provisional, violenta la protección del salario”. Los argumentos de estos cinco empleados públicos sospechados de infieles (y caídos en desgracia) fueron rechazados, este martes, con decretos del gobernador.
Ese también es el caso de Julieta Mariana Oviedo quien, el 3 de septiembre de 2024, interpuso reclamo administrativo y argumentó prácticamente lo mismo. También lo mismo ocurrió con la presentación que un tal Ariel Oscar Krom realizó el 6 de agosto de 2024, y en la que consideró que la suspensión sin goce de haberes es “innecesaria, extemporánea y causa grave perjuicio patrimonial”.
Igualmente rechazada fue la pretensión que -el 7 de agosto de 2024- presentó la agente Marines Elizabeth Huaiquipan, cuyo sumario avanza al igual que el resto.
Ni bien asumió en sus funciones, Figueroa subrayó que llegaba con un plan de austeridad destinado a reforzar las partidas presupuestarias de áreas esenciales (como Educación, Salud y Seguridad) a partir -entre otras acciones- de la eliminación de los gastos innecesarios del Estado. Eso incluyó el despido de ñoquis y las cesantías de procesados, condenados e indisciplinados. Como se observa en este caso, también incluye la retención de haberes de quienes están sospechados de haber participado de una estafa al Estado y cuyo destino también puede ser el despido.