En el marco de una decidida política de tolerancia cero contra los ñoquis, el Gobierno de la Provincia de Neuquén aplicó la sanción de cesantía a tres empleados estatales que incurrieron en faltas graves a sus deberes laborales. Las medidas se alinean con el objetivo del gobernador Rolando Figueroa de recuperar la eficiencia y la transparencia en el Estado provincial.
47 días sin ir a trabajar
El caso más reciente es el de Renzo Fernando Calcatelli, quien prestaba servicios en la Unidad Provincial de Enlace y Ejecución de Proyectos con Financiamiento Externo (UPEFE). Fue despedido luego de un sumario que probó que faltó sin aviso durante 47 días hábiles entre enero y mayo de 2023, configurando abandono de cargo según el Convenio Colectivo de Trabajo y el Estatuto del Personal Civil de la Administración Pública.
El procedimiento incluyó derecho a defensa, la intervención de la Junta de Disciplina, y la participación de la Dirección General de Control de Gestión, que ahora también investiga si Calcatelli cobró su sueldo durante el período en el que no trabajó. De confirmarse, se impulsará el recupero del dinero vía judicial a través de la Fiscalía de Estado.
Desde el Ejecutivo provincial se remarcó que este caso “demuestra que no se tolerará el incumplimiento de deberes” y que cada trabajador “debe justificar sus inasistencias y cumplir con su jornada laboral”.
Más despidos por faltas graves
Además de este caso, en los últimos días se confirmaron dos nuevas cesantías:
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Carla Mariela Meneses, exagente del Ente Provincial de Termas del Neuquén (E.Pro.Te.N.), fue desvinculada tras ausentarse sin justificación entre el 9 de febrero y el 30 de mayo de 2023. La presentación de certificados médicos fuera de término no logró revertir la sanción.
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Edgar Cristian Ariel Pavón, ex suboficial de la Policía de Neuquén, fue cesanteado tras detectarse que presentó siete certificados médicos falsificados entre agosto de 2022 y agosto de 2023. Médicos cuyos sellos aparecían en los documentos negaron haberlos emitido, lo que motivó una denuncia judicial por falsedad documental. La Unidad Fiscal de Delitos Económicos interviene en la causa.
Desde la gestión de Rolando Figueroa sostienen que estas medidas responden a un compromiso firme: terminar con los ñoquis en el Estado neuquino. La política se orienta a garantizar que cada agente cumpla sus obligaciones, y a resguardar los fondos públicos del perjuicio fiscal que implican las injustificadas ausencias o prácticas fraudulentas.