El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) resolvió desvincular a la jefa de la sede de El Bolsón y suspender por 29 días al resto del personal, luego de que el pasado 18 de junio la oficina permaneciera cerrada en repudio a la condena judicial contra Cristina Fernández.
La medida fue comunicada oficialmente por el organismo, que argumentó que se trató de un uso político partidario de recursos públicos y un abandono de funciones que afectó a más de 3.700 afiliados en la zona.
Según explicaron desde el instituto, la decisión se incluye en una política de “transparencia y responsabilidad” impulsada por la gestión de Esteban Leguizamo, titular del PAMI. Ese día, mientras se realizaba una movilización nacional convocada por sectores kirchneristas, la sede de El Bolsón no abrió sus puertas, pese a que los empleados se encontraban en el interior del edificio. Afiliados que se acercaron a realizar trámites o consultas no fueron atendidos, en una jornada marcada por temperaturas extremas en la localidad cordillerana.
Desde la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), gremio que representa a los empleados involucrados, rechazaron la sanción y aseguraron que se garantizó una guardia mínima para atender urgencias. “Tenemos pruebas de que ese día hubo atención al público. La Libertad Avanza está usando de manera política esta situación”, expresó Rodrigo Vicente, secretario general de ATE y de la CTA Autónoma Río Negro. En la misma línea, Rodolfo Aguiar, titular de ATE Nacional, calificó la medida como un “operativo de prensa” del oficialismo.
El hecho generó un fuerte cruce entre el Gobierno nacional y el sindicato, en un contexto de creciente tensión por los recortes en organismos públicos y la judicialización de la protesta gremial. Mientras el PAMI asegura que el servicio será garantizado para los afiliados de El Bolsón, desde ATE advirtieron que la sanción sienta un precedente peligroso para el ejercicio del derecho a huelga y la libertad de expresión en el ámbito estatal.