En pleno receso de verano, cuando la ciudad de Allen bajaba el ritmo habitual y muchos funcionarios aprovechaban para tomarse vacaciones, una firma encendió la alerta. No fue una firma cualquiera: llevaba el nombre del intendente Marcelo Román en documentos oficiales emitidos mientras él estaba, supuestamente, de licencia. Un nuevo capítulo del enfrentamiento político desatado a partir del pase del mandatario a las filas liberarias.
El dato surgió durante una inspección de rutina del Tribunal de Cuentas, que revisaba el libro de resoluciones del Ejecutivo municipal. La sorpresa llegó cuando los funcionarios electos en por Juntos Somos Río Negro, constataron que aparecían actos administrativos firmados por el jefe comunal, aunque no estaba en funciones. Desde el ejecutivo municipal confirmaron a Mejor Informado, que la resolución se firmó de puño y letra del intendente el 31 de diciembre, cuando aún estaba en funciones.
Los recibió fue el jefe de Gabinete, Benjamín Marín, quien confirmó lo evidente: Román no se encontraba en la ciudad y él estaba cubriendo temporalmente la conducción del municipio. Pero había un problema: no existía resolución alguna que delegara formalmente esa función, como exige la Carta Orgánica.
De acuerdo con la información que hizo trascender el Tribunal de Cuentas, fue la vocal María Belén Villar, la que pidió entonces la documentación respaldatoria. Primero le dijeron que no la encontraban. Después, directamente admitieron que no existía. La situación se tornó más grave cuando el Ejecutivo intentó subsanar el error con una resolución aclaratoria, alegando un “yerro material”.
Uno de los documentos firmados en ese periódo cuestionado, el intendente anulaba un concurso de precios y lo reemplazó por una compra directa. Para el Tribunal, esa firma sin respaldo convirtió el acto en inválido de origen.
Tanto la Carta Orgánica como la ordenanza 091/94 son claras: para que un funcionario actúe en reemplazo del intendente, debe haber un acto formal que lo autorice. Y cuando se trata de decisiones con impacto económico, la trazabilidad y legalidad del procedimiento es aún más exigente.
Por todo esto, el Tribunal resolvió sancionar a Román con 1.000 USAM (Unidad Sancionatoria Municipal) y dejó abierta la puerta para una intervención judicial. No descartan que se haya incurrido en falsedad ideológica, una figura penal grave cuando se trata de documentos públicos.
El descargo de Marcelo Román
Las complicaciones de Marcelo Román al frente del Ejecutivo de Allen comenzaron cuando dejó de estar bajo el ala de la UCR, aliada a Juntos Somos Río Negro y pasó a las filas de La Libertad Avanza. Fue el primer intendente libertario del país. Desde el municipio dejan en claro que la tensión es política, con el Tribunal de Cuentas y con los concejales alineados con Alberto Weretilneck. Asi fue como desplazaron del cargo a Valeria Bezic de la presidencia del cuerpo y sancionaron al intendente.
En este caso en particular, Román se presentó en la Justicia para revocar la resolución del Tribunal de Cuentas, por algunas fallas de procedimiento a la hora de confeccionar el sumario, y encima darlo a conocer a la prensa. Asegura que estaba aún en el cargo y que sus días de licencia no comenzaron ese 31 de diciembre. El abogado que lleva adelante el proceso es Damián Torres, un ex Juntos Somos Río Negro que forma parte de la conducción provicnial de La Libertad Avanza.