La situación del transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se encuentra al límite, con una amenaza de paro que podría afectar a millones de usuarios. El Gobierno convocó para el jueves 9 de abril a las 11 horas a las principales cámaras empresarias del sector en la secretaría de Transporte, con el objetivo de destrabar un conflicto que ya redujo la frecuencia de colectivos en un 30%.
Las cámaras CEAP, CETUBA, CTBPA y CEUTUPBA advirtieron que sin una actualización de los subsidios no podrán sostener el servicio ni abonar los salarios correspondientes. Pese a que el Ministerio de Economía, liderado por Luis Caputo, transfirió los fondos necesarios para cubrir los sueldos del mes, la crisis persiste y la tensión crece.
Las empresas alertaron en una carta dirigida al Palacio de Hacienda que el Estado Nacional mantiene una deuda de $151.600 millones, lo que pone en riesgo la continuidad del servicio público. Además, denunciaron un desfasaje crítico en el precio del combustible: mientras el Gobierno reconoce un precio de $1.744 por litro de diésel, el valor real en el mercado oscila entre $2.042 y $2.440, debido al aumento cercano al 25% en el último mes.
Ante esta situación, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) anunció una retención de tareas que comenzará a la medianoche del 9 de abril. La medida afectará únicamente a aquellas empresas que no hayan abonado la totalidad de los salarios correspondientes al mes de marzo en el AMBA. En un comunicado, la UTA indicó: “Informamos que, encontrándonos al cuarto día hábil del mes, sin haberse dado cumplimiento íntegro al pago de los salarios del mes de marzo en determinadas empresas del Área Metropolitana de Buenos Aires, se resuelve la retención de tareas”.
La retención se presenta como una medida de autotutela para defender los derechos de los trabajadores y presionar por el pago de haberes adeudados, mientras que las empresas, afectadas por la falta de subsidios nacionales y provinciales, han reducido la frecuencia de colectivos, generando malestar y episodios de violencia contra los choferes.
La convocatoria del Gobierno a las cámaras empresarias busca negociar una salida que evite la paralización total del transporte, fundamental para la movilidad diaria en la región. El conflicto refleja las dificultades económicas que atraviesa el sector, agravadas por la suba del gasoil y la insuficiencia de subsidios para equilibrar los costos operativos.
