El bloque de legisladores del Partido Justicialista–Nuevo Encuentro reclamó al Gobierno de Río Negro que se intensifiquen los controles al transporte de arena silícea, con el objetivo de garantizar estándares de protección ambiental, seguridad vial y salud pública.
La solicitud fue dirigida a la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático y promueve la inspección activa de toda la cadena logística vinculada al traslado de este material, verificando que las empresas extractoras, plantas de procesamiento, operadores logísticos y transportistas adopten medidas para impedir el desprendimiento o derrame durante el transporte.
Señalaron que en distintos corredores viales de la provincia se observa arena acumulada en calzadas, banquinas y márgenes de rutas, lo que evidenciaría pérdidas de material. Aunque la arena silícea no es considerada residuo peligroso, su dispersión sistemática fuera de los lugares autorizados requiere intervención preventiva de la autoridad ambiental.
La deposición continua de arena puede modificar las características físicas de los suelos, afectar la vegetación de las banquinas, alterar hábitats y deteriorar el paisaje. Además, la presencia de arena sobre la calzada genera condiciones desfavorables para la circulación, especialmente para motociclistas y ciclistas, favorece la formación de polvo en suspensión y disminuye la seguridad vial.
Asimismo, advirtieron que la inhalación de partículas de sílice cristalina puede perjudicar el sistema respiratorio y provocar silicosis, enfermedad pulmonar reconocida como laboral en trabajadores expuestos, pero que podría afectar a poblaciones cercanas a plantas o rutas de transporte por la magnitud de la actividad vinculada al fracking.
El proyecto, impulsado por Luis Ivancich y acompañado por Daniel Belloso, Alejandra Más, Leandro García y Pedro Dantas, destacó que el crecimiento de la industria hidrocarburífera y la demanda de insumos para operaciones no convencionales en Vaca Muerta generaron un incremento sostenido en el transporte de arena silícea por rutas provinciales y nacionales.
“Esta realidad constituye una oportunidad para la generación de empleo y el desarrollo económico, pero debe estar acompañada por controles estatales eficaces que garanticen estándares de protección ambiental, seguridad vial y salud pública”, concluyeron los legisladores.
