La justicia rionegrina formuló cargos contra tres personas en una investigación vinculada con la presunta utilización de recibos de sueldo apócrifos del Ministerio de Obras y Servicios Públicos para gestionar créditos ante una entidad financiera. La acusación comprende tres hechos distintos, dos de ellos protagonizados por una pareja.
El fiscal Francisco Marano describió tres episodios diferentes que, de acuerdo con su hipótesis, guardan relación entre sí y fueron perpetrados durante el mismo mes. El delito endilgado es el de uso de documento público falso y estafa, según cada caso, con distintos grados de participación.
El primero de los hechos se atribuye a uno de los hombres imputados, quien el 11 de abril de 2025 habría tramitado un préstamo mediante la presentación de un recibo de sueldo apócrifo. Así obtuvo 2.000.000 de pesos, que fueron depositados en una cuenta virtual a su nombre.
El segundo episodio involucra a la pareja de este hombre, quien el 30 de abril recibió en su cuenta bancaria igual suma de dinero como resultado de un crédito que habría gestionado su marido con el mismo certificado falso. Por ello, al hombre se le endilgó la autoría del primer hecho y la coautoría del segundo, compartida con la mujer.
El tercer hecho se imputó a otra persona que también habría presentado el mismo recibo durante abril, ante la misma entidad financiera. En este caso, la maniobra fue detectada y denunciada por funcionarios del ministerio lo que derivó en una acusación por tentativa de estafa y uso de documento falso, ya que la operatoria no llegó a consumarse.
Como sustento de la formulación de cargos, la Fiscalía mencionó la denuncia realizada por la Subsecretaría de Obras y Servicios Públicos, informes del Cuerpo de Investigación Judicial, actas de allanamiento y secuestro de teléfonos celulares, pericias del Gabinete de Criminalística y extracciones forenses de la Oficina de Investigación en Telecomunicaciones (OITEL). También se sumaron respuestas de entidades bancarias y plataformas digitales, junto con declaraciones testimoniales de representantes de la firma comercial vinculada con los préstamos y de quienes intervinieron en la gestión administrativa.
El abogado defensor adelantó que se trabaja en una salida alternativa, aunque en esta instancia no manifestó oposición a la formulación de cargos. El juez de garantías interviniente tuvo por acreditada la acusación y dispuso la continuidad de la investigación penal preparatoria por el término de cuatro meses.
