La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) profundizó su rechazo a la implementación del registro biométrico facial en los hospitales públicos de Río Negro, medida que ya había sido cuestionada por UPCN. El sindicato puso el foco en los riesgos de manipulación de datos personales sensibles, que quedarán bajo la administración de la empresa privada Airata S.A., contratada a través de ALTEC S.E. por un monto de 1.500 millones de pesos.
La secretaria general de la seccional Allen, Carolina Suárez, señaló que la inversión en tecnologías de vigilancia representa una distorsión de prioridades: “Es una contradicción que el Ministerio de Salud se ocupe de sistemas de control humano cuando esos recursos podrían destinarse a mejorar la calidad de atención en los hospitales”.
ATE advirtió que el uso de datos biométricos vulnera la normativa vigente y expone a los trabajadores a riesgos de fraude de identidad. La organización recordó que la Agencia de Acceso a la Información Pública (AIP), órgano de control de la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales, establece que el tratamiento de datos sensibles es ilícito en contextos de relación laboral, incluso con consentimiento expreso, por la asimetría de poder entre empleador y empleado.
El secretario general de ATE, Rodrigo Vicente, cuestionó la decisión del ministro de Salud, Demetrio Thalasselis, y sostuvo que la medida intenta “tapar con espejos de colores la situación crítica que atraviesan los hospitales”. “El centro del deterioro de la salud de los rionegrinos no está en si un hospitalario hace una hora de más o de menos, sino en el déficit presupuestario que arrastra el ministerio”, agregó.
Según consta en el portal oficial de Compras de Río Negro, el sistema de reconocimiento facial se instalará en los 36 hospitales públicos y en los 190 Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de la provincia, aunque la documentación deja abierta la posibilidad de extenderlo a otros organismos de la administración pública.
Con esta nueva declaración, ATE refuerza la postura crítica ya expresada por UPCN, que también había cuestionado la medida por considerar que los recursos deberían destinarse a salarios, insumos y equipamiento hospitalario.
