La aparición de un brote de varicela, enfermedad conocida científicamente como virus varicela-zóster, encendió las alertas en la comunidad educativa de la Escuela Provincial de Educación Técnica (EPET) 3 del barrio Gregorio Álvarez, en la ciudad de Neuquén. Ante el aumento de casos detectados entre alumnos de distintos cursos, las autoridades decidieron suspender las clases presenciales en toda la institución hasta el lunes 1 de junio para reducir el riesgo de más contagios.
La situación comenzó con casos aislados en un primer año, pero en pocos días se extendió a otros cursos. Actualmente se estima que hay alrededor de 18 estudiantes afectados, aunque no todos cuentan todavía con la certificación médica correspondiente.
La decisión de interrumpir las actividades no solo busca proteger a los alumnos contagiados, sino también resguardar a sus compañeros, docentes, familias y personas que podrían presentar factores de riesgo frente a la enfermedad.
Cómo se detectó el brote dentro de la escuela
Según informaron desde el Consejo Provincial de Educación (CPE), los primeros diagnósticos se registraron entre el martes 26 y el miércoles 27 de mayo. Inicialmente, los contagios estaban concentrados en el curso 1° C, donde se identificó la mayor cantidad de casos.
En una primera instancia, la suspensión alcanzó únicamente a ese grupo. Sin embargo, la aparición de nuevos contagios en un segundo año y la sospecha de otros casos en cursos superiores obligaron a ampliar la medida a toda la escuela.
La EPET 3 recibe diariamente a cientos de estudiantes y comparte cercanía con otros establecimientos educativos, por lo que la rápida actuación de las autoridades resultó clave para evitar una mayor propagación.
El trabajo conjunto entre Salud y Educación
Desde el Ministerio de Salud de Neuquén confirmaron oficialmente la existencia del brote y señalaron que los equipos de Epidemiología ya realizan un seguimiento permanente de la situación.
Hasta el momento, se acreditaron formalmente 10 casos positivos mediante certificados médicos, aunque el número podría ser mayor debido a la presencia de estudiantes con síntomas compatibles que aún no fueron evaluados por profesionales.
Además de monitorear a los alumnos afectados, se realizó un relevamiento de contactos estrechos y se verificó que los menores involucrados contaran con los esquemas de vacunación correspondientes. También se puso especial atención en la detección de convivientes considerados de riesgo, como mujeres embarazadas o personas inmunocomprometidas.
Las autoridades sanitarias remarcaron que no fue necesario adoptar medidas extraordinarias de emergencia, aunque el seguimiento continuará durante las próximas semanas.
La importancia de la vacunación y la prevención comunitaria
Este episodio puso sobre la mesa la relevancia de las vacunas como herramienta fundamental para prevenir enfermedades transmisibles y reducir el impacto de los brotes en ámbitos de convivencia como las escuelas. Los especialistas explicaron que la varicela presenta un período de incubación que puede extenderse hasta aproximadamente 21 días, por lo que aún podrían aparecer nuevos casos incluso después de detectados los primeros contagios.
En este contexto, la suspensión temporal de clases busca cortar la cadena de transmisión y proteger especialmente a quienes pueden desarrollar complicaciones más severas.
Un caso poco frecuente que genera preocupación
Desde el CPE calificaron la situación como inusual dentro del sistema educativo provincial. Según indicaron, no existen antecedentes recientes de un brote similar en establecimientos educativos durante la actual gestión.
Más allá de la preocupación sanitaria, el caso refleja cómo una enfermedad contagiosa puede impactar en la vida cotidiana de estudiantes, docentes y familias, alterando rutinas escolares y obligando a reorganizar actividades mientras se prioriza el cuidado colectivo.
La experiencia también pone en evidencia el valor de la articulación entre los sistemas de salud y educación para responder rápidamente ante situaciones que afectan a toda una comunidad y garantizar el derecho de niños y adolescentes a estudiar en entornos seguros.
