La Legislatura de Río Negro puso sobre la mesa una propuesta que promete generar debate y sacudir a toda la comunidad educativa: sancionar a los padres de chicos involucrados en casos de bullying. El proyecto busca frenar una problemática que viene en aumento y que, según advierten, ya no puede ser tratada como un simple conflicto entre estudiantes.
En concreto, la iniciativa propone aplicar multas y otras sanciones a los adultos responsables que no intervengan para corregir conductas de acoso escolar. La idea es poner el foco en la responsabilidad familiar y obligar a los tutores a involucrarse activamente cuando sus hijos protagonizan situaciones de violencia en las aulas.
Además, el proyecto apunta a una intervención temprana, pero con herramientas mucho más firmes. En ese sentido, se le otorga un rol clave a la Justicia de Paz, que podrá actuar directamente ante denuncias de instituciones educativas o familiares, sin necesidad de una denuncia policial previa en casos que no configuren delitos penales.
Los impulsores de la propuesta, los legisladores Javier Acevedo y Roberta Scavo (CC ARI), sostienen que muchas situaciones de acoso superan las herramientas pedagógicas tradicionales. Por eso, buscan ampliar el marco institucional para dar respuestas más contundentes ante casos graves que afectan la convivencia escolar.
Pero el trasfondo es aún más sensible. La discusión sobre el bullying cobró fuerza en medio de un contexto nacional atravesado por amenazas de tiroteos en escuelas, muchas de ellas vinculadas a situaciones de hostigamiento. Ese escenario encendió alarmas y obligó a reforzar protocolos de seguridad, alterando el día a día en las aulas y generando preocupación en familias y docentes.
En ese marco, el proyecto es tajante: la violencia escolar “no debe ser banalizada ni naturalizada”. Y va más allá. Define al bullying como una conducta agresiva, intencional y repetitiva que busca someter y dañar a otro estudiante, afectando su autoestima y generando miedo.
Si los padres no actúan, las consecuencias pueden ser concretas. El juez podrá aplicar sanciones progresivas: desde advertencias y asistencia obligatoria a programas de prevención, hasta trabajos comunitarios y multas económicas que podrían alcanzar cifras millonarias y el dinero recaudado será destinado a organismos de protección de la niñez, con el objetivo de financiar campañas de concientización y prevención.
