Un proyecto de ley ingresó a la Legislatura provincial con el objetivo de reinstalar límites de faltas y sanciones disciplinarias en las escuelas secundarias, tanto de gestión estatal como privada. La iniciativa busca derogar la Resolución N° 4617/17 del Consejo Provincial de Educación (CPE), al considerar que la norma vigente generó un escenario de ausentismo crónico y dejó a los docentes sin herramientas frente a casos de acoso escolar y violencia.
El proyecto, impulsado por los legisladores Patricia Kidd, Gabriela Picotti, Santiago Ibarrolaza y Claudio Doctorovich, crea el Régimen de Asistencia, Responsabilidad y Reparación Educativa (RARRE). Sus autores sostienen que la ausencia de consecuencias “no favoreció la inclusión educativa, sino que debilitó el sentido de pertenencia y los aprendizajes”.
Límite de faltas
La propuesta establece un tope máximo de 25 faltas justificadas anuales o 20 inasistencias en total, entre justificadas e injustificadas. Además, tres llegadas tarde o retiros anticipados equivaldrán a una inasistencia. El sistema prevé notificaciones progresivas al alcanzar las 10, 15 y 20 faltas. Si un alumno supera el límite, perderá la condición de regular y no accederá a la promoción directa, debiendo cumplir instancias de acompañamiento y evaluación integradora. La norma aclara que ninguna medida implicará la expulsión definitiva del sistema educativo.
El proyecto también reformula el régimen disciplinario ante el aumento de casos de bullying y violencia. Se introduce el Régimen de Responsabilidad Reparadora Educativa (RRRE), que clasifica las inconductas en leves, graves y muy graves.
Leves: uso inadecuado del celular o lenguaje irrespetuoso, con llamados de atención o actividades de reflexión.
Graves: daño a bienes, bullying verificado o agresión verbal, con sanciones de amonestaciones o suspensiones de 1 a 3 días.
Muy graves: violencia física, amenazas o ciberbullying sostenido, con suspensiones de 4 a 10 días o reubicación transitoria en otra institución.
Un aspecto clave es que las amonestaciones impactarán en la asistencia: cada dos equivaldrán a una inasistencia injustificada. Durante las suspensiones, el alumno no podrá ingresar al establecimiento, pero la escuela deberá proveerle tareas y garantizar evaluaciones.
Los legisladores remarcaron que el sistema no busca ser puramente punitivo. Las sanciones deberán incluir medidas reparadoras acordadas con el estudiante, como tareas de mantenimiento, proyectos solidarios, talleres reflexivos o disculpas formales. La normativa prohíbe prácticas humillantes o estigmatizantes y establece que las sanciones de convivencia nunca afectarán las calificaciones académicas.
