Una mujer que vive en un complejo de departamentos denunció que su vecina había instalado cámaras de seguridad en áreas comunes, registrando ingresos, egresos y movimientos de menores de edad sin autorización. Ante la falta de respuesta de la propietaria del inmueble, acudió al Juzgado de Paz de Cipolletti, que convocó a una audiencia para abordar el conflicto.
Durante el encuentro, las vecinas pudieron exponer sus posiciones, abordar las dificultades de convivencia y acordar pautas comunes. Con ese acuerdo, la jueza resolvió la situación vecinal mediante una salida pacífica del conflicto, que incluyó medidas sobre cámaras, ruidos molestos, reuniones familiares y formas de comunicación.
El acuerdo estableció que las vecinas retirarían los dispositivos instalados en sus domicilios en el plazo de una semana, mientras que la propietaria colocará cámaras en el portón y el garaje en un máximo de dos meses. También se fijaron horarios de descanso entre las 23 y las 7, y entre las 14 y las 16.30, comprometiéndose a evitar ruidos que alteren la tranquilidad del complejo.
En cuanto a las reuniones familiares, se pactó que se avisarían previamente en casos de cumpleaños u otros encuentros similares, con el objetivo de prevenir molestias. Asimismo, se definió que cualquier cuestión vinculada con la convivencia sería tratada de manera personal entre las partes.
La resolución incluyó un mecanismo para casos de incumplimiento: si alguna vecina no respeta lo pactado, podrá solicitarse una nueva audiencia judicial. El fallo destacó que el objetivo fue favorecer la convivencia pacífica y brindar un marco institucional para resolver conflictos cotidianos.
