Este lunes el fiscal del caso Juan Narvaez presentó nuevos cargos contra la exvicegobernadora Gloria Ruiz y amplió la investigación por maniobras de administración fraudulenta en perjuicio del Estado provincial.
Narvaez incorporó como imputados a S.R., P.A.S., P.S. y M.A.C., y además amplió las acusaciones que ya pesaban sobre la exsecretaria de Cámara de la Legislatura, María Isabel Ricchini, y la exprosecretaria administrativa, Élida Noemí Sánchez.
El juez de garantías Juan Manuel Kees dispuso un cuarto intermedio hasta el próximo jueves para completar la audiencia, ya que falta que las defensas respondan a las imputaciones y que la fiscalía presente otro hecho.
Los perjuicios millonarios al Estado
Uno de los hechos abordados en la audiencia está vinculado con la contratación de la empresa Big Sur Marketing, una maniobra por la que Ruiz, Ricchini y Sánchez ya habían sido imputadas el año pasado.
En esta oportunidad, Narvaez presentó el hecho contra S.R., socio gerente de la firma, a quien le atribuyó haber prestado una colaboración indispensable para concretar una contratación directa que ocasionó un perjuicio económico de $45.012.000 al Estado provincial.
De acuerdo con la imputación, la contratación fue realizada por vía de excepción pese a que, por el monto involucrado, correspondía aplicar mecanismos de selección previstos por la Ley 2141.
Por este hecho, la fiscalía pretende que S.R. quede imputado por administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de la administración pública, en carácter de partícipe necesario.
Contratos para publicidad
La fiscalía también amplió la investigación respecto de las contrataciones realizadas por la Casa de las Leyes con P.A.S. para la provisión de servicios gráficos, gigantografías, banners y materiales publicitarios.
Según Narvaez, P.A.S. fue beneficiario de 16 contrataciones por un monto total de $45.482.688,05, que fueron gestionadas al margen de los procedimientos previstos por la Ley de Administración Financiera.
Por este motivo, P.A.S. fue imputado como partícipe necesario del delito de administración fraudulenta agravada en perjuicio de la administración pública.
Pagos de más de $19 millones por servicios que nunca hicieron
En otro de los hechos que surgieron con el avance de la investigación, el fiscal del caso atribuyó a Gloria Ruiz haber intervenido, junto con Ricchini y Sánchez, en una contratación destinada a encubrir la continuidad laboral de P.S. como jefe del área de prensa de la Legislatura, luego de que fuera dado de baja formalmente de su cargo en abril de 2024.
Según la imputación, P.S. había sido designado como asesor de Presidencia y posteriormente desvinculado. Sin embargo, continuó desempeñando funciones como responsable del área de prensa, tanto en la coordinación interna del personal como en la relación con medios de comunicación, asesores legislativos y cobertura de sesiones.
Para sostener esa situación se contrató a M.A.C., pareja de P.S., mediante un contrato de locación de servicios que formalmente la vinculaba a tareas de asesoramiento en la Legislatura. Sin embargo, desde el MPF se afirmó que M.A.C. nunca prestó los servicios por los cuales fue contratada y que la contratación funcionó como una vía para canalizar pagos que beneficiaban a P.S., quien no podía ser contratado como proveedor del Estado debido a las restricciones previstas en la Ley 2141 para exfuncionarios.
La investigación determinó que entre julio y noviembre de 2024 la Legislatura transfirió a M.A.C. un total de $19.503.000 por servicios que nunca fueron realizados.
Nuevos delitos e imputados
Por este hecho, Narvaez modificó la acusación contra Gloria Ruiz y amplió las imputaciones que ya pesaban sobre Ricchini y Sánchez. Además, incorporó como nuevos imputados a P.S. y M.A.C., a quienes atribuyó haber colaborado de manera indispensable para concretar la maniobra investigada.
Mañana, el juez de garantías definirá si las imputaciones detalladas por el MPF quedan avaladas, así como los eventuales nuevos plazos de investigación.
