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Gloria Ruiz, más complicada tras la confesión de su hermano

Pablo Ruiz admitió haberle robado al Estado provincial neuquino y este viernes fue condenado.
 

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Viernes, 05 de junio de 2026 a las 16:49
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La ex vicegobernadora de Neuquén destituida por hechos de corrupción, en diciembre de 2024, está más complicada que nunca en la causa que le siguen en la Justicia Penal.

La ex vicegobernadora de Neuquén destituida por hechos de corrupción, en diciembre de 2024, Gloria Ruiz, está más complicada que nunca en la causa que le siguen en la Justicia Penal. Es que, este viernes, su hermano Pablo Ruiz admitió haberle robado al Estado provincial y fue condenado. La defraudación la perpetró cuando era coordinador general de la “Casa de las Leyes”, institución que estaba bajo la órbita de conducción de su hermana, ya que era la presidenta de la Legislatura.

Desde el Ministerio Público Fiscal se explicó que la confesión de Pablo Ruiz tiene una implicancia en la situación de las otras imputadas en la causa; es decir, Gloria Ruiz; la ex secretaria de Cámara, Isabel Ricchini; y la ex prosecretaria, Eliana Sánchez. Todas investigadas por defraudación a la provincia. 
Pablo Ruiz admitió haber robado recursos del Estado; es decir, el robo del capital no sólo de los intereses. Y lo que los investigadores tratarán de establecer -o de confirmar- ahora es si ese dinero terminaba en el despacho de Gloria Ruiz, que no solo era la jefa formal sino también la jefa política del reo.

La defraudación la perpetró cuando era coordinador general de la “Casa de las Leyes”, institución que estaba bajo la órbita de conducción de su hermana, ya que era la presidenta de la Legislatura.

Cabe recordar que, hace apenas unos pocos días, la jueza María Eugenia Grimau declaró inadmisible el recurso de amparo con el que Gloria Ruiz pretendía anular su destitución y reclamarle el pago de haberes y otros ítems a la Legislatura provincial. Aquella destitución la aprobaron -por amplia mayoría- los diputados, que dieron por probados los hechos de corrupción que le habían endilgado.
La condena de Pablo Ruiz sobrevino, este viernes, a través de un acuerdo pleno, en el que el reo reconoció haber perpetrado el delito. En el proceso se comprobó que no sólo defraudó el patrimonio del Estado provincial, sino que además sustrajo fondos públicos en beneficio personal. 
Ruiz aceptó una condena de 3 años de prisión de ejecución condicional y la inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos; por lo que no irá preso si cumple las pautas de comportamiento que le impusieron. El acuerdo fue presentado por el fiscal Juan Narváez y homologado por el juez de garantías Lucas Yancarelli.

Ruiz aceptó una condena de 3 años de prisión de ejecución condicional y la inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos; por lo que no irá preso si cumple las pautas de comportamiento que le impusieron.

El eje central de la resolución fue la admisión voluntaria por parte de Ruiz de los dos hechos atribuidos por el Ministerio Público Fiscal. En lo que hace al delito de peculado, reconoció haber desviado 52.798.459,10 pesos que estaban destinados a programas sociales (como “Jóvenes Líderes” y “Murales Urbanos”) hacia sus cuentas personales. Luego constituyó plazos fijos para generar intereses a su favor, configurando lo que la fiscalía denominó un “minisistema financiero” con dinero estatal.
Mientras que con relación al delito de administración fraudulenta, el reo admitió su participación en la defraudación de 45.482.688,05 pesos mediante contrataciones irregulares de publicidad con la empresa SAUER. Ruiz reconoció, que para perpetrar su robo eludió los mecanismos de control previstos en las normas legales en vigencia. 
Como parte de la condena se ordenó el decomiso de 57.736.346,85 pesos. Este monto, que se encontraba cautelado en una cuenta judicial por pedido de la fiscalía tras el bloqueo preventivo de las cuentas del imputado, incluye el capital recuperado y los intereses devengados.
Además de la pena de prisión y la inhabilitación, Pablo Ruiz deberá cumplir con 288 horas de trabajo comunitario no remunerado y someterse al control de la dirección de Población Judicializada de manera trimestral. Al finalizar la audiencia, las partes renunciaron a los plazos de impugnación, por lo que la sentencia quedó firme de inmediato.

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