La causa judicial que investiga el presunto desvío de fondos públicos hacia la cooperativa Viento Sur sumó este miércoles un nuevo capítulo con la imputación de los exministros de Desarrollo Social Abel Di Luca y Germán Chapino. Tras la audiencia en la que se amplió la formulación de cargos, el fiscal jefe Pablo Vignaroli explicó cómo se habría desarrollado la maniobra que, según la investigación, provocó un perjuicio al Estado neuquino superior a los $1.200 millones a valores históricos.
En declaraciones al programa Entretiempo por AM550, Vignaroli sostuvo que los exfuncionarios habrían permitido que se realizaran desembolsos a la cooperativa sin verificar requisitos básicos del programa estatal que financiaba las capacitaciones.
“Al momento de hacer los pagos no observaron normas que tenían que observar. No cumplieron requisitos que se debían cumplir y, omitiendo esos deberes, se depositó el dinero en las cuentas de la cooperativa”, explicó el fiscal.
Según la investigación, el dinero provenía del programa provincial destinado a financiar capacitaciones laborales para integrantes de organizaciones sociales, con el objetivo de generar oficios que facilitaran la inserción laboral. Sin embargo, Vignaroli afirmó que ese objetivo nunca se cumplió. “Ese dinero se entregaba para que la cooperativa generara cursos y capacitaciones. Pero lo que se determinó en la investigación es que no fue usado para eso”, señaló.
De acuerdo con la fiscalía, la mayor parte de los fondos se habría destinado a otros fines. “Fue usado en su gran mayoría para pagar una especie de subsidio o sueldo, para comprar inmuebles, vehículos e incluso para beneficios personales de quienes manejaban la cooperativa”, detalló.
“Al momento de hacer los pagos no observaron normas que tenían que observar. No cumplieron requisitos que se debían cumplir y, omitiendo esos deberes, se depositó el dinero en las cuentas de la cooperativa”, sostuvo Pablo Vignaroli. Y agregó “Ese dinero se entregaba para que la cooperativa generara cursos y capacitaciones. Pero lo que se determinó en la investigación es que no fue usado para eso”.
Pagos sin controles
Uno de los puntos centrales de la acusación es que los desembolsos continuaron incluso cuando no se cumplían las condiciones exigidas por el programa estatal. “La cooperativa debía presentar planes de capacitación y acreditar distintas obligaciones. A pesar de que no cumplía con esos requisitos, igualmente se ordenaba depositar el dinero”, explicó Vignaroli.
Para el Ministerio Público Fiscal, esa falta de controles permitió que los responsables de la organización administraran los fondos sin supervisión. “Al no hacer un control del gasto que hacía la cooperativa con ese dinero, se generó esta mala administración de los fondos públicos que permitió que hicieran con el dinero lo que quisieran”, afirmó.
Una maniobra vinculada a organizaciones sociales
La investigación también apunta a los responsables de la cooperativa y a otras personas que habrían recibido dinero sin justificación. Entre los imputados figuran Diego Mauro, dirigente del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), junto con otros integrantes de la cooperativa que, según la fiscalía, manejaban las cuentas y decidían el destino de los fondos. También fueron acusados particulares vinculados a organizaciones políticas que habrían recibido transferencias sin contraprestación.
Según relató Vignaroli, una de las declaraciones incorporadas al expediente aportó detalles sobre cómo se habría gestado el esquema. “Quien figuraba como presidenta de la cooperativa nos contó que quien manejaba todo era Diego Mauro”, indicó el fiscal.
Esa testigo también mencionó que, tras negociaciones con funcionarios en medio de protestas sociales, se habría acordado otorgar fondos mediante el programa de capacitaciones. “Le dijeron que le iban a dar el dinero a través de este programa, pero que podían usarlo para lo que les pareciera mejor”, afirmó Vignaroli.
Según relató Vignaroli, una de las declaraciones incorporadas al expediente aportó detalles sobre cómo se habría gestado el esquema. “Quien figuraba como presidenta de la cooperativa nos contó que quien manejaba todo era Diego Mauro”, indicó el fiscal.
Para la fiscalía, ese mecanismo habría permitido canalizar recursos públicos hacia organizaciones sociales sin respetar el objetivo formal del programa. “Buscaron una herramienta para seguir nutriendo a estas organizaciones de dinero, pero claramente no era la adecuada porque los fondos tenían un fin específico: capacitar personas”, sostuvo.
Lo que viene en la causa
La investigación se concentra en hechos ocurridos entre julio de 2022 y diciembre de 2023, período en el que se habrían realizado los pagos a la cooperativa. El monto del perjuicio económico, por ahora calculado a valores históricos, supera los $1.200 millones, aunque podría actualizarse a medida que avance la causa.
Según adelantó Vignaroli, la fiscalía aún tiene algunas medidas de prueba pendientes, pero el proceso se acerca a una etapa clave. “El 8 de abril se vence el plazo de la investigación y entendemos que para esa fecha vamos a estar en condiciones de presentar la acusación formal para que la causa avance hacia el juicio”, concluyó.
La causa Viento Sur se convirtió así en uno de los expedientes más sensibles de presunta corrupción administrativa en la provincia, al involucrar a exfuncionarios del gobierno neuquino y a dirigentes de organizaciones sociales en una investigación por el presunto desvío de millonarios fondos públicos.
