Un vecino golpeó puertas, mandó notas y hasta insistió por vías electrónicas, pero del otro lado solo encontró silencio. Ahora, el caso estalló: el Superior Tribunal de Justicia obligó a la Municipalidad de Catriel a entregar información sobre la venta y regularización de terrenos, en un fallo que deja expuesta la falta de respuestas del Ejecutivo.
Todo empezó con pedidos concretos. El hombre quería saber qué había pasado con un fraccionamiento urbano: cómo se aprobó, si se publicó la ordenanza, y qué registros existen sobre ventas y escrituras. Preguntas básicas, pero que nunca tuvieron una respuesta clara. Sin embargo, lejos de aclarar el panorama, el municipio optó por no contestar. Fue entonces cuando el vecino decidió ir a fondo y llevó el caso a la Justicia para que lo escuchen.
Y la respuesta no tardó en llegar. El máximo tribunal de la provincia analizó la situación y fue contundente: hubo pedidos reiterados sin respuesta. Para los jueces, eso no solo es grave, sino que además habilita a intervenir directamente.
Pero además, cuando el municipio finalmente habló, lo hizo a medias. Argumentó que los documentos pertenecen a una gestión anterior y que al asumir en diciembre de 2023 encontraron faltantes. Una explicación que no convenció. Para el Tribunal, ese argumento no alcanza: los gobiernos pasan, pero la obligación de informar sigue intacta.
Por si fuera poco, lo poco que se entregó también dejó más dudas que certezas. No aparecieron pruebas claras sobre la promulgación ni la publicación de la ordenanza consultada. Tampoco hubo registros completos de ventas ni documentación sobre escrituras, a pesar de que el propio municipio reconoció que esos datos existen.
En ese contexto, otro dato encendió las alarmas: se mencionaron operaciones de compraventa que ni siquiera estarían formalizadas o registradas administrativamente. Es decir, movimientos de tierras que podrían haber quedado en una zona gris.
Frente a ese escenario, el fallo fue directo. El STJ ordenó que en un plazo de 30 días hábiles el municipio entregue toda la información solicitada. Y si no puede hacerlo, deberá explicar por qué, con pruebas. Mientras tanto, el caso deja algo claro: no hace falta ser parte de una causa ni tener un interés especial para pedir información pública.
