La Agencia Provincial de Seguridad Vial, dependiente del Ministerio de Seguridad y Justicia de Río Negro, puso en marcha el sistema de radares para controlar la velocidad en distintos puntos de las rutas nacionales que atraviesan la provincia.
Por ahora, la medida tendrá una etapa inicial sin multas. El objetivo es que los conductores se familiaricen con el funcionamiento del sistema y conozcan cómo será la modalidad de control antes de que comiencen las sanciones económicas.
En concreto, los dispositivos ya están operativos en corredores por donde circulan a diario miles de vehículos. Sobre la Ruta Nacional 22 funcionan en: Villa Regina, Cervantes y Río Colorado. También se instalaron en la Ruta Nacional 3, a la altura de Viedma y Sierra Grande; en la Ruta Nacional 250, en Lamarque; y en la Ruta Nacional 151, en Cipolletti, Cinco Saltos y Sargento Vidal.
La decisión apunta a ordenar la circulación y reducir riesgos en sectores donde, según los registros oficiales, se repiten maniobras peligrosas y excesos de velocidad. En muchos de esos tramos, además, conviven tránsito pesado, vehículos particulares y circulación urbana, lo que incrementa las posibilidades de siniestros.
Durante esta etapa inicial, quienes superen la velocidad recibirán una notificación informativa que incluirá la imagen del vehículo, la velocidad detectada y el lugar exacto de la infracción. La intención es que cada conductor pueda ver en primera persona cómo funciona el radar y tome conciencia de sus hábitos de manejo antes de que haya consecuencias económicas.
Desde el gobierno provincial explicaron que el sistema cuenta con tecnología capaz de registrar con precisión cada evento. Las cámaras toman evidencia fotográfica y almacenan datos técnicos vinculados a la velocidad, la ubicación y el momento de la detección. Según remarcaron, esto permite reducir al mínimo cualquier margen de error y brinda mayores garantías a quienes circulan por las rutas.
Mientras tanto, desde el área de Seguridad Vial se trabaja en la puesta a punto de aspectos operativos y administrativos para que, una vez finalizado el período de adaptación, el sistema funcione de manera clara y ágil. En esa segunda etapa, las infracciones comenzarán a sancionarse con los valores previstos por la legislación vigente.
