La Cámara Segunda del Trabajo de General Roca ordenó, de manera cautelar, que los descuentos sobre el salario del comisario no superen el 33% de sus haberes. La medida busca garantizar el sustento de su familia mientras se resuelve el conflicto con las entidades crediticias.
Durante 14 meses, cada recibo de sueldo fue un golpe más duro que el anterior. Los descuentos por préstamos y otras retenciones fueron devorando su salario hasta dejarlo prácticamente sin ingresos. El límite de lo insólito llegó en junio de 2026: después de trabajar todo el mes como comisario de la Policía de Río Negro, en su cuenta bancaria apareció acreditado apenas $0,01.
La historia, que parece imposible, terminó en la Justicia. El hombre, padre de una niña con graves patologías neurológicas y motrices, advirtió que ya no podía afrontar el alquiler, los servicios, la comida ni los costosos tratamientos de rehabilitación que necesita su hija. Incluso, la familia tuvo que suspender terapias fundamentales, como la equinoterapia y la natación terapéutica, por falta de recursos.
Ante ese escenario extremo, presentó una medida cautelar ante la Cámara Segunda del Trabajo de General Roca para frenar la sangría sobre su sueldo. Los jueces le dieron la razón, aunque de manera provisoria, y ordenaron que los descuentos no puedan superar el 33% de su salario, luego de aplicadas las retenciones obligatorias.
La documentación incorporada al expediente mostró que las retenciones llegaron a absorber el 90,13% de sus haberes. En junio de este año, pese a tener una remuneración bruta superior a los 3,9 millones de pesos, terminó cobrando un solo centavo.
Los magistrados consideraron que esa situación vulneraba el carácter alimentario del salario y comprometía no solo la subsistencia del trabajador, sino también el derecho de su hija a continuar con los tratamientos que necesita por sus graves patologías.
La resolución ordenó a la Jefatura de Policía limitar las retenciones al 33% del sueldo. Sin embargo, la medida tendrá vigencia por diez días, plazo en el que el comisario deberá iniciar una demanda contra las entidades crediticias para que la Justicia resuelva de manera definitiva el conflicto.
