Una empleada pública de San Antonio Oeste vivió una pesadilla financiera tras contratar dos préstamos personales a través de mensajes de WhatsApp con una mutual. Acordó que las cuotas se descontaran directamente de su sueldo, pero tiempo después, al intentar gestionar un nuevo crédito, descubrió que figuraba en la base del Banco Central como deudora en la categoría más grave.
La mujer había gestionado los préstamos con la Unión Provincial Asociación Mutual (UPAM). Presentó los contratos como prueba: uno en 36 cuotas y otro en 12, ambos con descuento directo del recibo de haberes. El problema surgió cuando distintas entidades le negaron nuevas operaciones al aparecer en las bases del BCRA como deudora en situación 4, supuestamente vinculada al Banco del Sol, con el que aseguró jamás haber firmado nada.
Ante el escándalo, inició una demanda en el Juzgado de Paz de San Antonio Oeste. Aportó informes oficiales del BCRA y pidió que se declare la nulidad de una cláusula contractual, además de exigir una reparación por daño moral y punitivo. El Banco del Sol se presentó y, en un intento por despegarse, aseguró que había comprado la cartera de créditos de UPAM. Incluso emitió un certificado de libre deuda para la damnificada.
La jueza concluyó que hubo falta de información clara y trato indigno hacia la consumidora. Reconoció que la mujer no tenía cómo prever ni comprender la cesión de su crédito a otra entidad, y sostuvo que su inclusión en la base de deudores afectó su honor, su reputación financiera y su libertad de acceso al crédito. Aunque el Banco del Sol corrigió el error tras la demanda, el tribunal entendió que el daño ya estaba hecho.
Finalmente, la Justicia condenó a UPAM, al Banco del Sol y a Grupo Unión S.A. a indemnizarla con 500.000 pesos más intereses. Un fallo que marca un precedente para quienes sufren las consecuencias de contratos opacos, firmados sin información suficiente, y que terminan pagando con su nombre en los registros del Banco Central.
