Una mujer de Viedma contrató a un constructor de confianza para realizar refacciones en su vivienda, con la expectativa de mejorar las condiciones del inmueble en un plazo breve. El acuerdo incluía colocación de pisos, instalación de servicios, reparaciones estructurales, pintura y mejoras generales. Sin embargo, pese al pago anticipado y a la compra de materiales, la obra quedó inconclusa y derivó en una demanda de menor cuantía ante el Juzgado de Paz.
El contratista modificó los plazos iniciales y solo concretó una parte de los trabajos. La obra se interrumpió sin explicación y varias tareas quedaron pendientes. La mujer realizó reclamos reiterados por distintos medios, sin obtener respuestas satisfactorias. También promovió una instancia de mediación, a la cual el proveedor no asistió.
El conflicto llegó al Juzgado de Paz de Viedma, que encuadró la situación como una relación de consumo. El juez señaló que no se trataba de un desacuerdo informal, sino de un vínculo con obligaciones definidas, en el cual una parte prestó un servicio a cambio de una retribución. Durante el proceso, el magistrado valoró la prueba documental presentada, entre ella comprobantes de pago, registros de comunicaciones y material fotográfico del estado de la vivienda. También consideró relevante la conducta del demandado, quien no se presentó ni ofreció su versión de los hechos.
La sentencia incorporó además una perspectiva de género y atendió la situación de la mujer como consumidora hipervulnerable. Se tomó en cuenta su edad, la relación de confianza previa y el impacto que tuvo la interrupción de la obra en su entorno familiar.
Finalmente, el juez de Paz condenó al constructor a pagar la suma de 1.984.321,40 pesos, integrada por los siguientes montos: 1.411.871,60 pesos en concepto de daño patrimonial, con intereses devengados; 322.449,80 pesos en concepto de daño extrapatrimonial, también con intereses; y 250.000 pesos en concepto de daño punitivo.
La resolución busca garantizar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, proteger a los consumidores y marcar un precedente en la defensa de derechos en el ámbito de la construcción y servicios en Río Negro.
