En una resolución clave para la memoria histórica y la reparación de delitos cometidos durante el terrorismo de Estado, la Cámara Federal de Apelaciones de General Roca confirmó el procesamiento de los exmilitares Sergio Adolfo San Martín (83) y Jorge Héctor Di Pasquale (78) por la apropiación ilegal del edificio Torre de Periodistas I, ubicado en la avenida Argentina y Periodistas Neuquinos, en el centro de la ciudad de Neuquén. Ambos exintegrantes del Destacamento de Inteligencia 182 del Ejército Argentino están acusados de allanamiento ilegal, robo y defraudación por administración fraudulenta, en el marco de delitos de lesa humanidad.
La decisión del tribunal, presidido por el juez Richar Fernando Gallego, ratificó el fallo del Juzgado Federal N°2 de Neuquén, a cargo de Gustavo Villanueva, rechazando el recurso de apelación presentado por la defensa de los imputados. Se fijó un embargo de $25.280.000 sobre los bienes de cada uno para garantizar eventuales penas e indemnizaciones.
La historia detrás de la Torre de Periodistas
La Torre de Periodistas I fue un proyecto habitacional iniciado en 1972 por la Cooperativa de Vivienda del Periodista Limitada de Neuquén, integrada por trabajadores de prensa locales. Durante años, los socios aportaron mensualmente al Banco Hipotecario Nacional para financiar los departamentos que integraban el complejo.
Pero el 24 de marzo de 1976, día del golpe de Estado, todo cambió: vehículos militares del Ejército irrumpieron en el edificio, secuestraron documentación y desplazaron ilegalmente a la comisión directiva. La sede de la cooperativa fue trasladada por la fuerza al Comando de la VI Brigada de Infantería, y se designó como interventor al mayor Ulises Normando Baca Cau, hoy fallecido.
Desde ese momento, los militares eliminaron de los registros a los verdaderos adjudicatarios y se apropiaron de las viviendas en construcción. Luego, vendieron o simularon vender al menos 21 departamentos del edificio a integrantes del Ejército, Gendarmería y Policía Federal, con la complicidad del intervenido Banco Hipotecario.
Robo sistemático y represión
El edificio de 14 pisos fue despojado de sus legítimos dueños. El Ejército se adjudicó 15 departamentos, la Gendarmería tres y la Policía Federal dos. Además, vendieron dos terrenos pertenecientes a la cooperativa: uno donde debía funcionar un Centro Cultural Comunitario y otro destinado a cocheras. Ningún socio original recibió compensación.
La maniobra no fue solo económica. Fue parte de una estrategia más amplia de persecución a periodistas locales. La justicia considera que existió un contexto de represión ideológica, dirigido especialmente contra los miembros fundadores de la cooperativa, como Enrique Pedro Oliva, Marta Echeverría, entre otros, muchos de los cuales fueron amenazados, detenidos o forzados al exilio.
La periodista Marta Echeverría, embarazada al momento del golpe, fue secuestrada, golpeada y amenazada de muerte, como relataría su pareja años después ante la justicia. La misma noche del golpe, varios periodistas fueron detenidos. El presidente de la cooperativa, Enrique Oliva, fue incluido en una lista negra del Ejército y debió exiliarse en Francia.
Crímenes que no prescriben
El juez Villanueva consideró que los delitos son imprescriptibles por su carácter de lesa humanidad. La apropiación de la Torre de Periodistas fue parte del plan sistemático de represión ideológica de la dictadura, y se enmarca en las múltiples causas que ya condenaron a ambos imputados.
San Martín suma seis condenas previas por delitos de lesa humanidad, incluida prisión perpetua en la causa “Taffarel”. Di Pasquale acumula ocho condenas, también con perpetua en varias de ellas, y actualmente está detenido en la Unidad 34 de Campo de Mayo. San Martín, en cambio, cumple prisión domiciliaria.
Otros implicados en la causa, como Luis Farías Barrera y Jorge Molina Ezcurra, fallecieron antes del avance judicial, mientras que Oscar Reinhold, jefe de Inteligencia de la VI Brigada, fue apartado por incapacidad.
Justicia para quienes construyeron con esfuerzo
La confirmación del procesamiento representa un paso más en el camino hacia la verdad y la reparación. La causa —impulsada por el Ministerio Público Fiscal y la Unidad de Asistencia para Causas por Violaciones a los Derechos Humanos— busca restaurar no solo el valor material de lo robado, sino también la memoria colectiva de quienes fueron víctimas del accionar ilegal de las Fuerzas Armadas.
“La apropiación de la Torre de Periodistas no fue un hecho aislado. Fue parte del plan sistemático de disciplinamiento social y censura a los medios, periodistas y voces críticas durante la dictadura. Hoy, casi 50 años después, sigue siendo una herida abierta que la justicia intenta cerrar”, sostuvo el fiscal general Miguel Palazzani.
