El Juzgado Federal N.º 2 de Neuquén dictó el procesamiento con prisión preventiva de Sergio Adolfo San Martín y Jorge Héctor Di Pascuale, a quienes consideró responsables del robo y la apropiación ilegal de la Torre de Periodistas -ubicada en avenida Argentina y Periodistas Neuquinos-, ocurrida el 24 de marzo de 1976, en el inicio de la última dictadura cívico-militar.
La resolución, firmada por el juez Gustavo Villanueva, también dispuso el embargo de los bienes de ambos imputados y los señaló como partícipes necesarios de los delitos de allanamiento ilegal, robo y defraudación por administración fraudulenta, en concurso real y conexos a delitos de lesa humanidad, cometidos en perjuicio de la Cooperativa de Vivienda del Periodista Limitada de Neuquén.
El abogado, patrocinante de los periodistas históricos que impulsaron la denuncia, destacó la trascendencia del fallo. “Se acaba de producir el procesamiento de los militares que ocuparon la Torre de Periodistas y otros inmuebles que fueron apropiados ilegalmente. Era fundamental que la Justicia dijera con claridad que esto fue un robo”, afirmó.
San Martín y Di Pascuale se encuentran actualmente detenidos por otras causas vinculadas a delitos de lesa humanidad, lo que refuerza el encuadre jurídico adoptado en esta investigación.
Un fallo con impacto histórico y jurídico
Según explicó el abogado Mariano Mansilla, la resolución sienta un precedente clave a nivel nacional, al reconocer judicialmente la apropiación de bienes durante la dictadura como parte del entramado represivo. “Es la primera vez que la Justicia Federal declara la imprescriptibilidad tanto de la acción penal como de la acción civil para recuperar bienes que fueron robados en ese contexto”, subrayó.
El fallo abre además la puerta a que se investigue no solo a los responsables directos, sino también a los cómplices civiles que se beneficiaron con la apropiación y posterior utilización o comercialización de esos inmuebles.
La historia de la Torre y el largo reclamo por la restitución
La Cooperativa de Vivienda del Periodista fue creada en 1969 por trabajadores de prensa de Neuquén con el objetivo de acceder a una vivienda propia. Entre sus bienes se encontraba la Torre de Periodistas, un edificio destinado a albergar departamentos para sus asociados.
Con el golpe de Estado de 1976, la torre y otros inmuebles fueron ocupados de manera ilegal por el Ejército, sin orden judicial ni compensación alguna. A partir de ese momento, los periodistas fueron despojados de sus viviendas, iniciándose un largo proceso de despojo y silenciamiento que se extendió durante décadas.
Recién con el retorno de la democracia comenzaron los reclamos, que se intensificaron en los últimos años con presentaciones judiciales que exigieron no solo el reconocimiento del delito, sino también la restitución de los departamentos a la cooperativa y a los herederos de sus miembros originales.
Lo que viene
Con este procesamiento, la causa entra en una etapa decisiva. El reconocimiento judicial de que la apropiación fue un robo cometido en el marco del terrorismo de Estado fortalece el reclamo de recuperación de los bienes, tanto desde el punto de vista penal como civil.
“Ahora deberá investigarse en cada caso quiénes se quedaron con esos bienes, quiénes hicieron negocios y quiénes se beneficiaron del desapoderamiento de los periodistas de Neuquén”, concluyó Mansilla.
El fallo no solo repara una deuda histórica con el periodismo neuquino, sino que vuelve a poner en agenda una discusión más amplia: la apropiación de bienes durante la dictadura y la responsabilidad de quienes participaron —uniformados y civiles— de ese entramado de saqueo y represión.
