El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) reclamó al Gobierno nacional el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, en un contexto de tensión por la falta de recursos que atraviesan las universidades públicas. El pedido fue encabezado por el rector de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN) y vicepresidente del CIN, Anselmo Torres, junto al presidente del organismo, Franco Bartolacci.
La presentación se realizó en respuesta a una nota de la Subsecretaría de Políticas Universitarias, que solicitó en un plazo de 48 horas información sobre las medidas adoptadas por las instituciones para garantizar la continuidad pedagógica frente a las medidas de fuerza de los sectores docente y no docente.
En el documento, las autoridades universitarias afirmaron que las universidades permanecen abiertas y en funcionamiento, pero advirtieron que el incumplimiento de la ley por parte del Poder Ejecutivo Nacional genera una severa restricción financiera, salarial y operativa. “Desconocer o incumplir una ley de semejante legitimidad democrática implica una alteración profunda del principio republicano de división de poderes y coloca a las universidades en una situación crítica”, señalaron.
Torres y Bartolacci remarcaron que el derecho a enseñar y aprender, junto con la autonomía universitaria y el cogobierno, son principios consagrados por la Constitución y la Ley de Educación Superior. En ese sentido, subrayaron que las decisiones sobre calendarios académicos, modalidades pedagógicas y organización institucional corresponden a los órganos de cogobierno de cada universidad.
“El sistema universitario no es la causa de esta crisis; son las universidades las que sostienen, con enorme esfuerzo cotidiano, el funcionamiento institucional en un escenario de extrema precariedad producto del incumplimiento presupuestario estatal”, expresaron.
Finalmente, el CIN ratificó su disposición al diálogo institucional y su compromiso con la defensa de la educación pública, pero advirtió que ninguna exigencia de operatividad puede desvincularse de la obligación primaria del Estado nacional de cumplir con el financiamiento legalmente establecido.
