La Corte Suprema de Justicia de la Nación dio un golpe seco y dejó sin efecto una jugada clave: declaró inconstitucional una ley de Río Negro que permitía a la Municipalidad de San Carlos de Bariloche avanzar sobre las tierras del aeropuerto y cobrar tasas. Con esta decisión, también cayó una sentencia que habilitaba al municipio a ejercer poder de policía sobre esa actividad.
El fallo, firmado por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, reavivó una pelea que llevaba años: quién manda realmente en una infraestructura estratégica como el aeropuerto. La causa, impulsada por el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos y la empresa Aeropuertos Argentina 2000, terminó en el máximo tribunal tras un largo ida y vuelta judicial.
Todo comenzó cuando la provincia amplió el ejido urbano de Bariloche e incluyó dentro de sus límites las tierras del aeropuerto. A partir de ahí, el municipio salió a marcar la cancha: exigió habilitaciones, declaraciones de ingresos y hasta el pago de tasas bajo amenaza de clausura. Una avanzada que encendió todas las alarmas en el sector aerocomercial.
Sin embargo, desde el organismo nacional advirtieron que esa intromisión podía afectar el funcionamiento de un servicio clave. No era un detalle menor: el aeropuerto está dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi, es decir, tierras que pertenecen al Estado nacional y tienen un régimen especial. Ahí empezó el choque de jurisdicciones.
En primera instancia, la Justicia no le dio la razón al planteo nacional, pero la Cámara Federal de General Roca abrió una puerta intermedia: permitió cierta intervención municipal, siempre que no afectara el funcionamiento del aeropuerto. Ese equilibrio, sin embargo, terminó saltando por los aires cuando el caso llegó a la Corte.
El máximo tribunal fue tajante: recordó un antecedente reciente y dejó en claro que la provincia no podía disponer de esas tierras. En consecuencia, la ley que habilitaba la expansión del ejido quedó fuera de juego. Para los jueces, si el territorio no le pertenece a la provincia, mucho menos al municipio.
El mensaje final fue contundente y con impacto directo, Bariloche no puede cobrar tasas ni ejercer poder de policía sobre el aeropuerto. Ahora, el expediente vuelve a instancias inferiores para un nuevo fallo, pero con una advertencia clara desde arriba: en ese territorio, la última palabra no es municipal.
