La delegada de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Silvia Garay, se encadenó en las instalaciones de Aguas Rionegrinas de Roca para exigir el cumplimiento de un fallo judicial que está firme y que ordena su reincorporación laboral. La medida de fuerza busca visibilizar el incumplimiento de la empresa estatal, que mantiene su despido pese a las sentencias favorables.
Garay fue cesanteada en dos oportunidades, en 2020 y en 2024, y en ambos casos la Justicia laboral dispuso su restitución, el pago de los sueldos adeudados y la asignación de tareas. Sin embargo, la empresa continúa sin acatar la resolución, lo que la trabajadora y el gremio denuncian como una clara persecución sindical
“Tomé la decisión de encadenarme en la empresa. Soy delegada de ATE y no se respeta un fallo judicial. Me despidieron dos veces, pero la Justicia ordenó mi restitución. Es un capricho bobo de Javier Iud, presidente de Aguas Rionegrinas, que no cumple la sentencia. La gerencia paga multas millonarias que impuso la justicia por incumplir el fallo y lo hace con la recaudación de lo que paga el vecino”, expresó Garay en Radio Kaos.
La trabajadora advirtió que iniciará una huelga de hambre si no hay respuestas inmediatas y responsabilizó directamente a la conducción de la empresa por cualquier consecuencia sobre su salud. “Es persecutorio, discriminador. Estoy plantada y decidida a quedarme acá. Todo lo que me pase es responsabilidad de Iud”, afirmó.
Desde ATE remarcaron que se trata de un caso de persecución sindical, ya que la empresa desconoce la representación gremial y prefiere pagar multas diarias antes que cumplir con la sentencia. El sindicato exigió la inmediata restitución de tareas, el pago de las multas acumuladas y el reconocimiento del adicional por insalubridad.
La situación de Garay afecta no solo a su condición laboral, sino también a la representación de los trabajadores, ya que se vulnera la libertad sindical y la organización gremial en el ámbito de la empresa estatal.
