Durante casi dos años cobró tres sueldos al mismo tiempo, terminó cesanteada y acusada de defraudar al Estado, pero finalmente no llegará a juicio. Una exempleada del Poder Judicial de Río Negro consiguió una salida alternativa después de devolver más de 45 millones de pesos que había percibido mientras también trabajaba para la Municipalidad de San Martín de los Andes y la Obra Social de Petroleros Privados. Ahora deberá cumplir reglas de conducta y pagar una reparación económica para cerrar definitivamente la causa penal.
La historia comenzó a desmoronarse cuando una investigación administrativa detectó que la mujer, que cumplía funciones en los tribunales de Cipolletti, figuraba al mismo tiempo en las nóminas de otros dos empleadores. Lo que primero parecía una irregularidad terminó convirtiéndose en una causa por presunta defraudación contra la administración pública y en una de las cesantías más resonantes de los últimos años dentro del Poder Judicial rionegrino.
Los investigadores sostuvieron que la empleada no sólo mantuvo esos cargos en simultáneo, sino que además utilizó distintas licencias para ausentarse de su puesto judicial mientras trabajaba en las otras instituciones. Según la acusación del fiscal Diego Vázquez, sabía perfectamente que la normativa del Poder Judicial le impedía ejercer otro empleo remunerado y, aun así, continuó cobrando los tres salarios.
La reconstrucción de los hechos permitió establecer que primero fue contratada por la Municipalidad de San Martín de los Andes entre junio y octubre de 2022. Después sumó un nuevo empleo en la Obra Social de Petroleros Privados, donde permaneció hasta agosto de 2024. Durante todo ese tiempo nunca dejó de percibir el sueldo que cobraba como empleada judicial en Cipolletti.
Mientras avanzaba la investigación penal, el expediente administrativo siguió su propio camino. La conclusión fue contundente: cesantía y obligación de devolver cada peso cobrado de manera incompatible. La cuenta final ascendió a 45.278.300,45 pesos, una cifra que incluyó los salarios percibidos y los intereses acumulados.
Aunque en un primer momento había acordado cancelar esa deuda en cuatro cuotas, la mujer terminó adelantando los pagos pendientes y devolvió la totalidad del dinero. Ese movimiento fue clave. Con el reintegro completo, la Fiscalía de Investigaciones Administrativas dio por terminada su intervención, pero el expediente penal siguió adelante.
Sin embargo, cuando todo indicaba que el caso terminaría en un juicio oral, apareció una salida que cambió el rumbo de la causa. La Justicia homologó una suspensión del juicio a prueba, conocida como probation, que le permitirá evitar el debate siempre que cumpla todas las condiciones impuestas por el juez de Garantías Juan Puntel.
El beneficio no fue gratuito. Además de haber reintegrado los más de 45 millones de pesos, deberá pagar otros 500 mil pesos como reparación económica. Ese dinero tendrá un destino particular: será entregado al Jardín de Infantes N.º 15 Valle de Ensueño, de Cipolletti, en dos cuotas de 250 mil pesos.
A eso se suma una serie de obligaciones que deberá respetar durante el tiempo que dure la probation. Tendrá que mantener actualizado su domicilio, informar cualquier cambio de residencia, abstenerse de consumir alcohol y estupefacientes y someterse al control de la oficina encargada de supervisar este tipo de medidas en Neuquén, ciudad donde vive actualmente.
Hay otro dato que no pasó inadvertido. Aunque cuando fue cesanteada su nombre apareció en la resolución administrativa, en el expediente penal la mujer consiguió que su identidad quedara bajo reserva. Presentó documentación médica vinculada con su salud mental y el juez aceptó el planteo, por lo que ordenó preservar sus datos personales durante el proceso.
