Continúan los controles de los estatales rionegrinos. El Gobierno de Río Negro aplicó 6 cesantías, 33 suspensiones sin goce de haberes y 3 apercibimientos, tras las últimas reuniones de la Junta de Disciplina. Se trata de sanciones firmes frente a incumplimientos severos dentro del Estado, con el objetivo de asegurar que los recursos públicos se destinen exclusivamente a brindar servicios de calidad.
Desde el inicio de la gestión en enero de 2024, la Provincia procesó más de 1.200 expedientes disciplinarios, destrabando trámites que antes sufrían largas demoras. El balance arroja 102 cesantías, 6 exoneraciones y 492 suspensiones, además de 91 sobreseimientos y el archivo de 245 expedientes sin faltas comprobadas.
Las últimas cesantías responden principalmente al abandono de servicio, con agentes que se ausentaron de sus puestos de manera prolongada y sin aviso, incluso tras ser intimados. También se sancionaron conductas que impactan directamente en la vida de los rionegrinos: en un hospital público, el responsable de entregar turnos para tomografías fue cesanteado por incumplir su carga horaria, lo que impedía el acceso de pacientes a estudios de alta complejidad.
En la misma línea, se dictó la cesantía de un agente de salud por maltrato reiterado a compañeros y pacientes, quien además abandonó su puesto dejando a personas internadas sin cuidado. Se aplicaron suspensiones por conductas graves, como el uso de una ambulancia oficial para participar en una manifestación, presentarse a trabajar en estado de ebriedad o acosar a una compañera.
El sistema es progresivo: si un agente acumula sanciones que superan los 30 días de suspensión, el estatuto prevé la cesantía.
El control disciplinario es transversal y con garantías legales. Aunque la mayoría de sanciones se concentra en el Ministerio de Salud, también se aplicaron medidas en SENAF, IPROSS, IPPV, Desarrollo Humano, Deporte, Cultura y Educación. Los sumarios son instruidos por especialistas que reúnen pruebas y garantizan el derecho a defensa, mientras que la decisión final recae en la Junta de Disciplina, integrada por representantes del Ejecutivo y de los gremios ATE y UPCN.
“Río Negro está en marcha y eso nos exige un Estado eficiente. Tenemos la responsabilidad de usar las herramientas legales para poner orden. No hacerlo sería fallarle a la gran mayoría de los empleados que cumplen con orgullo y a los rionegrinos que sostienen el sistema con sus impuestos”, afirmó la secretaria de la Función Pública, Tania Lastra.
