El Gobierno de Río Negro ya aplicó sanciones disciplinarias a empleados estatales en los primeros meses de 2026, entre ellas dos cesantías, once suspensiones sin goce de haberes y dos apercibimientos, tras detectarse faltas consideradas graves en el desempeño de funciones dentro de la administración pública.
La decisión se tomó a través de la Junta de Disciplina, el organismo encargado de analizar las irregularidades dentro del aparato estatal. Según se informó oficialmente, las medidas forman parte de una política que apunta a reforzar el control interno y asegurar que el servicio público funcione con responsabilidad y eficiencia.
Además, el trabajo del organismo disciplinario se intensificó en los últimos años. Desde enero de 2024 se analizaron más de mil expedientes administrativos, un volumen que permitió acelerar investigaciones que durante años habían quedado demoradas. Ese ritmo de trabajo incluso duplicó el promedio anual de resoluciones respecto de gestiones anteriores.
En ese contexto, el balance general desde el inicio de la actual gestión muestra cifras contundentes: 94 cesantías, seis exoneraciones, 448 suspensiones sin goce de haberes y 24 apercibimientos. A la par, el sistema también determinó 77 absoluciones, cuando las investigaciones concluyeron que no existían responsabilidades disciplinarias.
“Tenemos el mandato claro de construir una administración eficiente y preparada para el futuro. Eso requiere reglas claras y tolerancia cero frente a faltas graves o abandonos de servicio, garantizando siempre procesos transparentes”, sostuvo la secretaria de la Función Pública, Tania Lastra.
Las sanciones surgen de investigaciones por diferentes tipos de irregularidades dentro del ámbito estatal. Entre los casos más frecuentes aparecen ausencias injustificadas, abandono de tareas, negligencia en el cuidado de insumos y conflictos laborales, que en algunos expedientes incluyen denuncias por malos tratos, insultos o agresiones entre compañeros.
Sin embargo, las sanciones más duras se reservan para situaciones de mayor gravedad. La cesantía, por ejemplo, implica la desvinculación del agente y le impide volver a ingresar al Estado durante cinco años, una medida que suele aplicarse cuando se acumulan sanciones previas o cuando se registra un abandono prolongado del servicio.
En el escalón más extremo aparece la exoneración, que representa la expulsión definitiva de la administración pública. Esa sanción se aplica en situaciones límite, como cuando existe una condena penal firme por delitos dolosos.
Por otra parte, cada sanción es el resultado de un proceso administrativo que incluye investigación, recolección de pruebas y evaluación de antecedentes. Los instructores analizan los hechos y elevan un informe a la Junta de Disciplina, integrada por representantes del Poder Ejecutivo y vocales gremiales de ATE y UPCN, que finalmente define la resolución.
