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GNL en Río Negro: intensifican los controles para que el megaproyecto avance sin descuidar el ambiente

La Secretaría de Ambiente y Cambio Climático fiscaliza obras terrestres y marítimas en el Golfo San Matías. El objetivo es garantizar responsabilidad ambiental y presencia activa del Estado

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Jueves, 02 de julio de 2026 a las 09:51
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El proyecto de GNL incluye infraestructura terrestre y marítima.

La Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de Río Negro fiscaliza en territorio el proyecto de Gas Natural Licuado (GNL) que se ejecuta en el Golfo San Matías, verificando que cada avance se ajuste a la normativa ambiental vigente y a los compromisos asumidos por la empresa. El seguimiento incluye tanto las obras terrestres como la infraestructura marítima vinculada al desarrollo de GNL flotante. La consigna es que el crecimiento energético se concrete con planificación, responsabilidad y control estatal permanente.

Como autoridad de aplicación, la Secretaría despliega controles técnicos en obra para constatar el cumplimiento de las obligaciones ambientales definidas en la evaluación del proyecto. Entre ellas figuran el monitoreo de flora y fauna, la protección de ecosistemas marinos y terrestres, la gestión de residuos, la prevención de impactos y el seguimiento de tareas en áreas intervenidas.

La Provincia también supervisa los procesos de recomposición ambiental en sectores afectados por la construcción de infraestructura terrestre, garantizando que las intervenciones se ajusten a los compromisos establecidos.

El proyecto contempla obras estratégicas para posicionar a Río Negro como punto de salida del GNL argentino al mundo, con instalaciones submarinas y un centro logístico en Puerto San Antonio Este.

La política provincial combina inversiones, generación de empleo, desarrollo de proveedores locales y protección de los recursos naturales que distinguen al Golfo San Matías y la costa rionegrina.

El esquema de fiscalización se apoya en tres pilares:

  • Control integral durante todo el ciclo.

  • Participación ciudadana en los procesos de evaluación.

  • Capacidad estatal para aplicar medidas correctivas o sanciones ante incumplimientos.

 

 

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