El escándalo por el robo de fármacos en hospitales, conocido como la "Propofest", encendió todas las alarmas en el sistema de salud y ahora tuvo una respuesta política concreta: un proyecto de ley en Río Negro propone controles toxicológicos obligatorios para el personal sanitario, tanto público como privado, con el objetivo de garantizar que quienes atienden en sectores críticos lo hagan en condiciones óptimas y libres de consumo de sustancias.
En este contexto, la iniciativa presentada por el legislador César Domínguez busca crear un Sistema Integral de Control Toxicológico que apunta directamente a médicos, enfermeros y trabajadores que se desempeñan en áreas sensibles. No es un dato menor: el proyecto surge después de un verdadero sacudón institucional, tras conocerse maniobras de robo de medicamentos en hospitales porteños como el Italiano, Fernández y Rivadavia, presuntamente protagonizadas por los propios trabajadores.
Pero además, el proyecto no se queda en lo simbólico. Por el contrario, establece que los controles serán obligatorios y abarcarán sectores de máxima exigencia como guardias, terapias intensivas, quirófanos, neonatología y servicios de emergencia. Es decir, lugares donde una decisión puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.
Asimismo, la iniciativa detalla cómo se implementarán estos controles. Por un lado, habrá exámenes al momento del ingreso laboral. Por otro, se aplicarán pruebas aleatorias durante la jornada. A esto se suman controles ante sospechas concretas y después de eventos críticos, como errores médicos o situaciones que hayan puesto en riesgo a pacientes. Todo bajo un esquema que promete confidencialidad, aunque el impacto ya genera debate.
Sin embargo, uno de los puntos que más llama la atención es que el proyecto no tiene un enfoque punitivo. Es decir, si un trabajador da positivo, no será despedido ni sancionado de manera directa. En cambio, será apartado de funciones críticas y derivado a un tratamiento de rehabilitación, con la garantía de conservar su puesto laboral.
En esa línea, la normativa también prevé que la reincorporación solo se producirá cuando el profesional reciba el alta médica correspondiente. De esta manera, se intenta equilibrar dos aspectos sensibles: la seguridad del paciente y el abordaje del consumo problemático en un ámbito atravesado por el estrés y la presión constante.
Ahora bien, detrás de esta propuesta hay un trasfondo inquietante. Porque lo que realmente dejó al descubierto la “Propofest” es una realidad incómoda: el acceso a drogas de uso hospitalario, sumado a condiciones laborales extremas, puede derivar en situaciones de riesgo que hasta ahora no estaban bajo control estricto.
