La legisladora Ayelén Spósito, integrante del bloque Vamos con Todos, presentó un proyecto de ley para declarar la emergencia económica, comercial y productiva de las micro, pequeñas y medianas empresas de Río Negro por el plazo de doce meses. La iniciativa busca contener el impacto de la crisis sobre el entramado productivo y el empleo, en un contexto de caída del consumo interno, aumento de costos operativos y presión creciente sobre la rentabilidad.
“Queremos saber si el Gobierno provincial va a seguir acompañando políticas que asfixian a las PyMEs o si finalmente va a tomar medidas para defender la producción y el trabajo rionegrino”, sostuvo Spósito.
La legisladora advirtió que “no se puede mirar para otro lado mientras cierran empresas todos los días”. Según datos relevados por entidades empresarias, el 73% de los comercios calificó su desempeño como regular, malo o muy malo durante el último año, mientras que casi la mitad aseguró que sus ventas de fin de año fueron inferiores a las del período anterior. Spósito vinculó este escenario con el contexto económico nacional y las políticas de ajuste implementadas, señalando que “la caída del poder adquisitivo y la paralización de la obra pública están golpeando de lleno a las economías regionales. Y Río Negro no es la excepción”.
El proyecto establece la suspensión de ejecuciones fiscales, embargos y medidas cautelares contra PyMEs por deudas provinciales mientras dure la emergencia, con el objetivo de evitar su asfixia financiera. Además, propone una moratoria amplia de hasta 60 cuotas, reducción de intereses, quita de multas y un período de gracia de hasta 120 días.
Otro de los ejes centrales es la suspensión de aumentos en las tarifas de servicios públicos esenciales: electricidad, gas y agua para el sector, junto con la prohibición de aplicar incrementos retroactivos una vez finalizado el período de emergencia. La iniciativa también incorpora un mecanismo para regularizar y cancelar deudas que el propio Estado provincial mantiene con las PyMEs proveedoras, estableciendo cronogramas de pago y la posibilidad de compensaciones impositivas.
Como herramienta administrativa, se propone la creación del “Certificado de Emergencia MiPyME”, que permitirá identificar a las empresas alcanzadas y facilitar el acceso a los beneficios previstos, con criterios objetivos y transparentes. En contrapartida, las empresas que accedan a los beneficios deberán mantener su plantilla laboral durante la vigencia de la emergencia, salvo situaciones debidamente justificadas.
“Estamos frente a un proceso de cierre de empresas que ya es alarmante a nivel nacional. Si el Estado no actúa, ese escenario se va a profundizar en Río Negro con consecuencias sociales graves”, advirtió Spósito.
Finalmente, sostuvo que la iniciativa “no es solo una respuesta coyuntural, sino también un llamado a redefinir el rol del Estado provincial. Cada PyME que cierra es empleo que se pierde, es desarrollo que retrocede y es comunidad que se debilita”.
