Las Cámaras de Comercio de Cipolletti y de Roca mantuvieron un encuentro con el Defensor del Usuario del EPRE, Guillermo Zeug, en el contexto de la sexta Revisión Tarifaria. Durante la reunión, comerciantes y vecinos expresaron su rechazo al pedido de la distribuidora EDERSA de aplicar un aumento del 46% en las tarifas eléctricas, cuestionando la falta de fundamentos técnicos y de transparencia en la solicitud.
Los representantes empresariales recordaron que durante 2025 las tarifas ya registraron incrementos cercanos al 50%, y que ahora se plantea una nueva actualización que, según sus cálculos, rondaría el 64% con carácter retroactivo, lo que generaría un fuerte impacto económico en comercios y hogares.
En este contexto, los comerciantes solicitaron la postergación de la audiencia pública, prevista de manera virtual, argumentando que el escaso tiempo de análisis y la falta de claridad en la información presentada impiden una participación adecuada. También reclamaron que se brinde información clara y comprensible sobre los costos y la metodología utilizada para justificar el aumento.
Entre los planteos elevados al Defensor del Usuario se incluyó la necesidad de establecer exenciones para empresas en emergencia agropecuaria, así como mayor flexibilidad en la declaración de potencia contratada, con el objetivo de evitar que pequeños y medianos comercios paguen de más por consumos que no se corresponden con su actividad real.
Los comerciantes remarcaron que el servicio eléctrico presenta fallas recurrentes, como cortes, microcortes y variaciones de tensión que provocan daños en equipos y pérdidas de mercadería, lo que agrava la situación económica. En este sentido, cuestionaron que la empresa justifique el aumento con una “radiografía de servicio óptimo” que no refleja la realidad cotidiana de usuarios y comercios.
El Defensor del Usuario del EPRE se comprometió a trasladar los aportes y reclamos a la Audiencia Pública, destacando que, si bien no es vinculante, constituye una instancia clave para dejar constancia institucional y presionar por correcciones en el proceso tarifario.
