El proyecto de ley impulsado por el bloque CC ARI Cambiemos para establecer un marco procedimental ante situaciones de urgencia médica vinculadas al rechazo de transfusiones sanguíneas obtuvo esta semana dictamen favorable en comisiones y pasó a Labor Parlamentaria en la Legislatura de Río Negro, para su incorporación al temario de la próxima sesión.
La iniciativa, presentada en abril de 2025, busca brindar seguridad jurídica a los equipos de salud cuando deben actuar frente a pacientes que, por razones religiosas o de conciencia, rechazan transfusiones sanguíneas.
El proyecto crea un Registro Provincial de Directivas Anticipadas, donde los ciudadanos podrán dejar constancia de su voluntad respecto de este tipo de procedimientos médicos. De esta manera, los profesionales de la salud contarán con una herramienta que les permita conocer de manera fehaciente la decisión del paciente al momento de intervenir en situaciones críticas.
“Los equipos médicos enfrentan dilemas éticos complejos cuando un paciente inconsciente ingresa a una guardia en estado crítico sin que conste su voluntad previa. Frente a esta incertidumbre, el profesional necesita directrices precisas”, se explica en los fundamentos del proyecto.
La propuesta establece que, cuando exista una constancia expresa, válida y vigente de la negativa a recibir transfusiones sanguíneas, esta deberá ser respetada conforme a la legislación nacional y los tratados internacionales de derechos humanos.
Durante el debate en comisiones se incorporó, a pedido de la legisladora Ayelén Spósito, del bloque Vamos con Todos, un artículo que reafirma el respeto a la voluntad expresamente manifestada por los pacientes que rechacen transfusiones por motivos de conciencia o religión. La modificación también contempla una situación específica para adolescentes de entre 16 y 18 años, estableciendo la intervención inmediata de la Justicia cuando la negativa comprometa de manera inminente su vida.
La iniciativa determina además que, ante una situación de riesgo de vida y en ausencia de documentación válida que acredite la voluntad del paciente, el equipo médico podrá proceder con el tratamiento indicado priorizando la preservación de la vida y la salud.
“Este proyecto no busca contrariar el principio de autonomía, sino ofrecer herramientas jurídicas y administrativas que garanticen su respeto cuando esa voluntad pueda ser acreditada de manera fehaciente”, remarcaron los autores.
El texto prevé además la capacitación de los equipos de salud sobre los alcances legales y éticos de estas situaciones, la implementación del registro provincial y la promoción de tratamientos alternativos a las transfusiones cuando resulten médicamente viables.
