La decisión de Neuquén de avanzar contra el microtráfico modificó la estrategia provincial frente al narcotráfico y puso el foco en uno de los eslabones que mayor impacto tiene en la vida cotidiana de los barrios. A poco más de un año de la implementación del plan, el Ministerio Público Fiscal destaca una baja del 27,5% en los delitos contra la propiedad vinculados al microtráfico y una reducción del 16,5% en el delito general.
El fiscal general de Neuquén, José Gerez, sostiene que el objetivo de la política no puede medirse únicamente por la cantidad de allanamientos realizados o los kilos de droga secuestrados. La meta, afirma, es desarticular organizaciones criminales, recuperar espacios públicos y mejorar las condiciones de seguridad de los vecinos. En ese camino, las denuncias anónimas, el análisis criminal y el decomiso de bienes se convirtieron en herramientas centrales.
En diálogo con el programa Espacio para todos que conduce Francisco "Pancho" Casado por 24/7 Canal de Noticias, Gerez repasó los resultados de la estrategia provincial, explicó cómo se investigan las denuncias de los vecinos y destacó que ya se alcanzaron 183 condenas, con más de 60 personas sentenciadas a prisión efectiva. También habló del poder económico y operativo de las organizaciones, la utilización de menores para vender drogas, el rol de la Policía y la Fiscalía y la decisión de no perseguir penalmente a los consumidores.
¿Qué balance hace de la decisión de la provincia de avanzar contra el microtráfico de drogas?
Creo que había que tomar una decisión política en la provincia de Neuquén. Esa decisión la tomó el gobernador Rolando Figueroa: combatir el microtráfico. Recordemos que la venta de droga al consumidor es el eslabón más dañino de la cadena del narcotráfico, porque es el que se inserta en el tejido social para dañarlo de una manera sistemática y profunda. Yo siempre digo que mientras la droga se produce, se transporta y se distribuye, no genera todavía el daño social que provoca cuando comienza a comercializarse en un lugar determinado. Y nosotros, desde el Ministerio Público, siempre manejamos el dato de que la mayoría de los delitos, principalmente los más graves, estaban atravesados por la droga. El gobernador Figueroa tomó la decisión de cambiar esa realidad porque está demostrado que combatir el microtráfico hace disminuir el delito.
¿Y qué resultados concretos están observando?
Después de poco más de un año de vigencia del plan, los delitos contra la propiedad conexos al microtráfico disminuyeron un 27,5%, mientras que el delito general lo hizo en un 16,5%. Esto quiere decir que el plan que trazamos, que es una política de Estado, está dando grandes resultados. Y esto se debe también a un trabajo en equipo entre la Policía de la Provincia, el Ministerio de Seguridad, la Justicia en general y, lógicamente, el Ministerio Público Fiscal.
¿Más allanamientos y más droga secuestrada significan necesariamente que el narcotráfico está disminuyendo?
Hay una advertencia importante: más allanamientos y más droga secuestrada demuestran mayor actividad del Estado y eso hay que reconocerlo. Pero por sí solos todavía no demuestran que el narcotráfico haya disminuido, porque cuando más se avanza, mayores son los procedimientos que se realizan. Por eso, el objetivo de este plan no es solamente lograr la incautación de droga. El objetivo es mejorar la calidad de vida de los vecinos.
¿Cómo se refleja esto en los barrios?
Te pongo un ejemplo reciente. Se realizaron alrededor de nueve allanamientos en Cuenca 15, donde el Estado logró desbaratar, a través de este trabajo en equipo, una organización criminal familiar que venía generando grandes problemas de seguridad y de paz social en ese barrio. Se allanaron nueve viviendas vinculadas directamente con el tráfico de drogas. Y donde hay una casa de drogas hay un mercado paralelo ilícito en el que se producen muchos otros hechos delictivos, algunos muy graves. El vecino padece ese sufrimiento de tener una casa de drogas que no cesa. Hay gente que va a buscar droga con dinero; otra roba bienes de terceros para llevarlos y comprar droga; y también llega gente de la periferia para buscar droga y venderla fuera del barrio. Se genera un desfiladero que no cesa y eso perturba la tranquilidad del barrio. Cuando se hace caer una organización criminal de estas características, el barrio vuelve a la normalidad. Eso es lo que busca este programa: que los vecinos recuperen la paz, las plazas, las veredas, las calles y los parques.
¿Un punto de venta de droga termina afectando mucho más que a quienes consumen?
Sin ninguna duda. Son actividades que el vecino no quiere en su barrio porque producen un deterioro de las condiciones de seguridad. Los chicos consumen, se producen delitos conexos, las propiedades bajan de valor y no hay comercios que quieran seguir abriendo sus puertas. Cada derrumbe o inactivación de un punto de venta también genera una gran tranquilidad barrial porque cesa la actividad ilícita conexa.
Usted mencionó el caso de la calle Mones Ruiz, un lugar que durante años fue señalado como un punto de venta. ¿Qué significó intervenir allí?
Es un ejemplo de cómo la inactivación de un punto de venta produce una mejora en las condiciones de vida del vecino. Recuerdo a un comerciante de la zona que nos decía que desde que se clausuró ese lugar podía dormir. Fíjense qué importante es para el vecino poder descansar. Ese tipo de actividades ilícitas genera un deterioro muy grande en el barrio. Por eso es importante que el Estado intervenga.
En ese esquema, ¿qué importancia tiene la denuncia de los vecinos?
El vecino es un actor fundamental en la lucha contra el microtráfico porque es quien sabe y convive con esa realidad. Nos faltaba una herramienta totalmente anónima, segura y confiable para que pudiera hacer denuncias de una manera tranquila. Por eso implementamos el sistema de códigos QR. Desde que comenzamos con su difusión, en mayo del año pasado, recibimos alrededor de 3.200 denuncias, con un promedio estable de unas 200 por mes.
¿Esas denuncias son realmente anónimas?
Sí. Esto lo quiero remarcar: son totalmente anónimas. No hay forma de que nosotros podamos conocer la identidad de la persona que realiza el aporte ciudadano. No se requieren datos personales y, además, el sistema está encriptado. Ni siquiera podemos conocer la dirección IP del dispositivo desde el cual se realiza la denuncia. Una vez que ingresa, la denuncia impacta en el punto de la ciudad señalado. Allí interviene el equipo de análisis criminal del Ministerio Público, que determina si lo denunciado es compatible con una situación de venta de droga. Puede ocurrir, por ejemplo, que se trate de consumidores en una plaza. En ese caso se realiza la prevención correspondiente, pero no se arma un caso penal contra los consumidores. Todas las denuncias se ven, se analizan y se les da una prioridad estratégica.
¿La estrategia apunta entonces a las organizaciones y no al consumidor?
Exactamente. Nuestra prioridad es perseguir las organizaciones criminales. No queremos que se diga que se persigue al último eslabón, al reemplazable o al que está en una situación de vulnerabilidad. La prioridad estratégica está puesta en organizaciones complejas, violentas y con capacidad para generar daño.
En los últimos procedimientos aparecieron drones, armas, vehículos y grandes cantidades de dinero. ¿Qué revela eso?
Revela el poderío que tienen algunas organizaciones criminales. No estamos hablando de un vendedor aislado. Estamos describiendo organizaciones complejas que tienen armamento, vehículos y hasta cuatro drones para controlar territorio. En Plaza Huincul, por ejemplo, en uno de los últimos procedimientos se secuestraron alrededor de 14 millones de pesos, además de armamento, vehículos, motos y drones. Por eso también hay que poner en valor la decisión política de combatir esto. Es importante demostrar quién ejerce el poder dentro del Estado: no son los narcos, sino el Estado, que tiene toda esa capacidad para volcarla en beneficio de la sociedad.
¿Cuántas condenas llevan desde que comenzó este plan?
A la fecha son 183 condenas, y hay más de 60 personas condenadas a prisión efectiva. Son personas que ocupan un rol de liderazgo o de peligro dentro de una organización, que manejan violencia o que se valen del accionar de chicos, de niños o de personas en situación de vulnerabilidad.
¿Qué hacen con los bienes que se secuestran a las organizaciones?
La idea es que los bienes y fondos que sean decomisados regresen al sistema mediante su utilización por parte de la misma fuerza. De esa manera, se va retroalimentando la investigación criminal. Pero no solo eso. El Ministerio Público también ha cerrado casos imponiendo, en determinadas situaciones, la obligación de que los imputados realicen donaciones de tecnología a la Policía: drones, computadoras, cámaras de filmación y otros elementos. Es una manera de que esos recursos vuelvan a utilizarse para combatir el delito. También se han entregado motos y otros vehículos a la Policía. Ya hay motos de alta cilindrada, de 350 centímetros cúbicos en adelante, que fueron ploteadas y están siendo utilizadas para combatir el microtráfico.
¿Qué importancia tiene para ustedes ese recupero de bienes?
Es fundamental porque permite dar un golpe económico y debilitar a las organizaciones. No se trata solamente de sacarles droga: también hay que quitarles dinero y bienes. Y, además, poder reinvertir esos recursos en investigación criminal permite fortalecer al Estado para seguir combatiendo este delito.
¿Qué rol cumple la Policía y cuál la Fiscalía en cada procedimiento?
Es un trabajo en equipo. El control y la dirección de la investigación están a cargo de un fiscal. La Policía trabaja con el Ministerio Público bajo esa dirección. Cuando hay un procedimiento, hay un caso penal. Cuando hay una detención, hay una formulación de cargos de la Fiscalía, un pedido o no de medidas cautelares y luego puede haber un juicio, un acuerdo y un decomiso. Creo que Neuquén tiene una gran ventaja como modelo: trabajamos en una sintonía muy buena con la Dirección Antinarcóticos. Esa coordinación es fundamental.
También hubo un acuerdo entre la Provincia y los municipios para enfrentar el microtráfico. ¿Qué importancia tiene?
Fue muy acertado el pacto que firmó el gobernador con los intendentes y con el arco político para asumir el compromiso de realizar acciones concretas contra el microtráfico en cada lugar. Hay ejemplos muy concretos. En Neuquén capital realizamos recientemente la tercera quema de droga gracias a un convenio que permitió utilizar los hornos pirolíticos para destruir los estupefacientes. Son acciones que permiten avanzar. En la Argentina hay dificultades para conseguir este tipo de hornos y Neuquén ya lleva tres quemas en poco tiempo.
¿Qué preocupación genera la utilización de menores por parte de estas organizaciones?
Hay que analizar muy bien cuando los niños son utilizados como herramientas o instrumentos para cometer delitos. El Ministerio Público lo tiene en cuenta. Las organizaciones pueden captar chicos en situación de vulnerabilidad para vender droga. El incentivo puede comenzar con bienes que no podían comprar, como zapatillas, bicicletas o motos, y después incluso puede llegar a pagarse directamente con droga. Eso genera un problema todavía mayor porque termina incorporando a más personas al consumo.
¿Qué postura tiene el Ministerio Público frente a los consumidores?
Nuestra política criminal no persigue a los adictos. Una persona que tiene una adicción tiene un problema y no necesita una causa penal. Creo que quienes tienen un problema de consumo deben ser atendidos desde otras propuestas de salud. El Estado debe intervenir en la prevención y, lógicamente, en la rehabilitación de estas personas. Nuestra política está dirigida contra quienes comercializan y, especialmente, contra las organizaciones criminales que se benefician con ese negocio.
¿Qué desafío queda por delante?
La lucha contra el microtráfico es un desafío cotidiano que asumimos como equipo dentro del Estado. Todos los días se realizan procedimientos, no solamente en la región metropolitana o en la Confluencia, sino también en las ciudades del interior. Tenemos que seguir trabajando con la Policía, los municipios, los vecinos y todos los sectores que pueden aportar información. Porque, finalmente, el objetivo no es solamente cuánta droga secuestramos o cuántos allanamientos hacemos. El objetivo es que el vecino vuelva a recuperar la paz y pueda vivir mejor.
