En una resolución que marca un punto de equilibrio entre las pretensiones de la fiscalía y las garantías del proceso, la jueza de garantías Carina Álvarez rechazó el pedido de prisión domiciliaria contra el intendente de Plottier, Luis Bertolini, pero reconoció la existencia de un riesgo concreto de entorpecimiento de la investigación y dispuso una batería de restricciones para los imputados.
La decisión fue comunicada en audiencia, luego de que la fiscal del caso, Rocío Rivero, solicitara medidas de coerción más severas, entre ellas la detención domiciliaria del jefe comunal y cautelares patrimoniales de alto impacto.
Un fallo con doble lectura
La resolución de Álvarez se ubica en una zona intermedia: descarta la medida más gravosa —la privación de la libertad— pero valida uno de los ejes centrales de la acusación. Para la magistrada, existen elementos suficientes para sostener que hubo maniobras que dificultaron el acceso a documentación pública clave.
En concreto, se refirió a la falta de 89 expedientes en dependencias municipales y a los obstáculos para ubicarlos, lo que fue interpretado como un indicio de obstrucción. Ese punto resultó determinante para imponer restricciones, aunque no alcanzó —según el criterio judicial— para justificar una prisión domiciliaria.
“La medida resultaría desproporcionada y con efectos institucionales”, evaluó la jueza, al considerar también que Bertolini ocupa un cargo electivo, lo que agrega una dimensión política a la decisión judicial.
Restricciones para blindar la investigación
En lugar de la domiciliaria, la jueza optó por medidas de coerción orientadas a preservar la prueba y evitar interferencias. En el caso del intendente, se dispuso la prohibición absoluta de mantener contacto con testigos durante un plazo de seis meses.
La misma restricción recayó sobre la subsecretaria de Hacienda, Gladys Ramírez, quien además no podrá concurrir a dependencias municipales en ese mismo período, al considerarse acreditado su rol en el manejo de documentación relevante para la causa.
Estas medidas buscan cortar cualquier posible vínculo que pudiera afectar testimonios o el acceso a información clave, en una investigación que recién transita su etapa inicial.
La causa: funcionarios y proveedores bajo sospecha
Días atrás, la misma magistrada había dado por formulados los cargos contra Bertolini, Ramírez y dos proveedores (Mauricio López -hijo de Ramírez-, y Pedro Vilches) habilitando formalmente la investigación penal.
Los hechos fueron encuadrados provisoriamente como negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, en carácter de delito continuado (artículos 265 y 45 del Código Penal). En esa figura, los funcionarios aparecen como coautores y los particulares como partícipes necesarios.
La hipótesis fiscal apunta a un entramado de maniobras que habrían beneficiado intereses privados en el marco de contrataciones o decisiones administrativas.
Sin embargos ni inhibiciones
Otro de los puntos relevantes del fallo fue el rechazo a las medidas patrimoniales solicitadas por la fiscalía. Rivero había pedido la inhibición general de bienes de los imputados y el embargo de cuentas bancarias por más de 4.600 millones de pesos, equivalente —según la acusación— al doble del presunto beneficio económico.
Sin embargo, la jueza consideró que no se acreditó ese beneficio, por lo que desestimó tanto la inhibición como los embargos preventivos que se habían dispuesto inicialmente.
Este aspecto del fallo implica un límite claro al avance cautelar sobre el patrimonio de los imputados, al menos en esta etapa del proceso.
Las restricciones impuestas colocan a Bertolini bajo un control judicial estricto y condicionan su accionar en el marco de la investigación.
El equilibrio entre la continuidad institucional y la necesidad de garantizar el proceso penal aparece como uno de los ejes centrales de la resolución.
Con la causa en marcha, el foco ahora estará puesto en la recolección de pruebas, la localización de la documentación faltante y la toma de testimonios. Las restricciones dictadas por la jueza buscan justamente asegurar que ese proceso se desarrolle sin interferencias.
Mientras tanto, el intendente seguirá en libertad, pero con límites claros y bajo la lupa judicial. La investigación avanza, y el expediente comienza a definir un escenario donde las decisiones judiciales tendrán impacto no solo en lo penal, sino también en la vida política de Plottier.
