Legisladores rionegrinos de los bloques peronistas presentaron un pedido de informes al Poder Ejecutivo Nacional para que se detalle la participación de la empresa provincial INVAP en el desarrollo del reactor nuclear ACR-300, anunciado por el gobierno de Javier Milei.
El planteo busca conocer los alcances institucionales, societarios, tecnológicos y patrimoniales de los acuerdos celebrados por INVAP, empresa cuyo capital accionario pertenece íntegramente a la Provincia de Río Negro. Los legisladores advirtieron que es necesario verificar las medidas adoptadas para resguardar la propiedad intelectual, los activos tecnológicos, los recursos humanos especializados y los intereses estratégicos provinciales.
El pedido apunta a esclarecer la participación accionaria de INVAP en Meitner Energy, la relación societaria con Black River Technology y los convenios suscriptos con empresas privadas vinculadas al proyecto. También se solicitó información sobre la titularidad de la propiedad intelectual del reactor ACR-300, los derechos patrimoniales y comerciales que conserva la compañía rionegrina y la capacidad jurídica para fabricar, comercializar y exportar futuras versiones sin autorización de terceros.
Los legisladores reclamaron precisiones sobre las regalías, cánones, dividendos o beneficios económicos que INVAP podría percibir por la explotación comercial del reactor modular, así como la existencia de evaluaciones económicas independientes sobre el valor del activo tecnológico. También pidieron conocer los mecanismos para impedir la transferencia no autorizada de conocimientos estratégicos, los dictámenes técnicos y jurídicos emitidos por el Directorio de INVAP respecto de la constitución de Meitner Energy y la intervención de la Provincia de Río Negro en la suscripción de acuerdos vinculados al proyecto.
El pedido de informes incluyó además la situación de los profesionales afectados al reactor ACR-300, la eventual transferencia de investigadores hacia Meitner Energy y las políticas implementadas para evitar la pérdida de capacidades científicas y tecnológicas desarrolladas con recursos públicos.
Se solicitó información sobre cláusulas de reversión de derechos de propiedad intelectual, limitaciones para impedir la transferencia irreversible de conocimientos y mecanismos que permitan recuperar activos tecnológicos ante incumplimientos de la contraparte.
Los legisladores remarcaron que la empresa rionegrina INVAP constituye un activo estratégico para la provincia y el país, y que cualquier acuerdo que comprometa su capital tecnológico debe ser analizado con transparencia. “El reactor ACR-300 representa un desarrollo de alto valor científico y económico, por lo que es indispensable garantizar que los beneficios se traduzcan en fortalecimiento institucional y en nuevas capacidades para Río Negro”, señalaron.
