El gobierno de Javier Milei firmó el decreto que habilita el traspaso de rutas nacionales a las provincias. Río Negro deberá decidir si asume la gestión de la Ruta 22, la 151 —dos arterias clave para Vaca Muerta— y la Ruta 23, el extenso corredor que atraviesa la Línea Sur. La medida abre una nueva etapa con impacto directo en la economía regional, el transporte y el bolsillo de miles de usuarios.
La decisión, oficializada en el Boletín Oficial a través del Decreto 253/2026, marca un cambio profundo en el esquema vial argentino. A partir de ahora, la Nación se corre de la gestión directa y les pasa la posta a las provincias, que podrán administrar, mantener e incluso concesionar los tramos mediante peajes. Sin embargo, la propiedad de las rutas seguirá siendo federal, lo que configura un modelo híbrido que ya genera dudas y expectativas.
En este contexto, Río Negro aparece como uno de los distritos más expuestos. No es casual: la Ruta 22 y la 151 son consideradas la columna vertebral del movimiento petrolero vinculado a Vaca Muerta. Por allí circulan a diario miles de camiones, maquinaria pesada y trabajadores que sostienen una de las principales actividades económicas del país. El desgaste de estas rutas no es nuevo, pero ahora el desafío pasa a manos provinciales.
Pero eso no es todo. También entra en juego la Ruta 23, un corredor estratégico que cruza de punta a punta la provincia y conecta a decenas de localidades de la Línea Sur. Se trata de una vía clave para la integración territorial, históricamente postergada, y cuya terminacion siempre fue motivo de reclamos, solo quedan por asfaltar cerca de 50 kilómetros.
Ahora bien, el decreto no obliga a las provincias a aceptar el traspaso. Por el contrario, el esquema es voluntario. Sin embargo, la presión es evidente: si Río Negro decide avanzar, deberá firmar un convenio con Nación, presentar un plan de obras y definir cómo financiarlo. Y ahí aparece el punto más sensible: los peajes.
Porque el modelo que impulsa el Gobierno es claro. Las provincias podrán licitar concesiones a empresas privadas, que se encargarán de las obras y el mantenimiento a cambio del cobro a los usuarios.
Además, los plazos no son menores. Los convenios podrán extenderse hasta 30 años, lo que implica compromisos de largo plazo en un contexto económico incierto. A eso se suma que cada proyecto deberá ser aprobado por Vialidad Nacional, que mantendrá el control técnico del sistema. Es decir, la Nación delega la gestión, pero no se desentiende del todo.
Las provincias tendrán un año para lanzar las licitaciones una vez firmados los acuerdos, y luego apenas 90 días para poner en marcha los contratos. Todo esto en medio de un escenario donde las rutas ya presentan deterioro, demoras en obras y una demanda creciente.
